Regentes y políticos de la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería, convocados por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), se han manifestado este miércoles frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) por el Trasvase Tajo-Segura.
«Nos estáis ahogando y no con agua» o «En el Levante, sin agua, desisto y paro», han sido algunos de los cánticos que han coreado los asistentes, que han pedido «frenar la locura» de la ministra Teresa Ribera.
Desde el Gobierno valenciano ha encabezado la participación en la protesta la consellera de Agricultura y Emergencia Climática, Isaura Navarro (Compromís), junto al secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, y el de Transición Ecológica, Francisco Candela. Además de Navarro, por parte de Compromís han asistido el senador carles Mulet y el portavoz y diputado en el Congreso, Joan Baldoví.
Asimismo, han participado representantes socialistas en la autonomía como el secretario de Agricultura del PSPV-PSOE de la provincia de València, Toni Quintana; la senadora Ana Martínez y los alcaldes de Elche, Carlos González; Montesinos, José Manuel Butron; San Miguel, Juan Dios Fresneda; Benferri, Luis Vicente Mateo; Rafal, Manuel Pineda; Orihuela, Carolina Gracia; Dolores, Joaquín Hernández, y Jacarilla, Pilar Díaz.
Y por el PPCV han asistido su líder y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón; el diputado Miguel Barrachina; el diputado provincial Juan de Dios Navarro o el alcalde de Benidorm, Toni Pérez.
Los manifestantes, que han comenzado a concentrarse en la madrileña Plaza de San Juan de la Cruz en torno a las 10.30 horas, han protestado bajo el lema 'En el Levante, sin trasvase, desierto y paro' contra el acuerdo para aumentar el caudal ecológico del río Tajo de aquí a 2027, que supondrá una disminución de las aportaciones del trasvase Tajo-Segura a los caudales de las provincias de Alicante, Murcia y Almería de unos 105 hectómetros cúbicos.
Los regantes protestan porque estiman que este recorte a las transferencias de agua de riego provocarán la pérdida de 15.000 empleos y una reducción de valor patrimonial de 5.692 millones de euros y defienden que «no hay alternativa a la disminución del volumen de agua disponible».
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