El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, ha avanzado este lunes una Ley de Eficiencia de la Administración Pública con tres «objetivos fundamentales»: «la evaluación continua de todas las políticas de gasto y valoración de sus resultados, dotar de mayor eficiencia a la gestión de los recursos públicos y establecer procesos de revisión del gasto público».
Todo ello para «gastar mejor» mientras la Generalitat sigue reivindicando la «irrenunciable» reforma del sistema de financiación, para la qu ha pedido al Gobierno central, al resto de comunidades y a la posición «empatía».
Así lo ha señalado durante un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea', organizado por Nueva Economía Fórum bajo el mecenazgo de CaixaBank, en el que la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero ha sido la encargada de introducir al conseller.
Arcadi España ha indicado que se debe mejorar la gestión y reivindicar más recursos, «pero también, gastar mejor», y ha avanzado medidas encaminadas en este sentido.
Una de ellas será una Ley de Eficiencia de la Administración Pública, que implantará de forma progresiva la evaluación exante, «esto es, analizar previamente la efectividad de cada política pública antes de ejecutarla», ha explicado el conseller, antes de detallar que la ley desarrollará «proyectos piloto de evaluación expost, para conocer los resultados de las acciones implantadas» y regulará «un sistema de indicadores evaluables de resultados de las políticas de gasto público».
Se trata, ha afirmado, de «romper inercias de gestión» a las que se está acostumbrado a través de un análisis de gasto público y seguridad presupuestaria«; evaluar si están »teniendo éxito« las políticas e »incorporar de forma continua la eficiencia como algo natural«, ha remarcado. Además, se incorporarán canales de participación para que »todo el personal de la administración pública puede ejercer de agente de eficiencia".
EVALUACIÓN DEL GASTO SANITARIO
Con el mismo objetivo de eficiencia, el conseller ha avanzado que la Generalitat activará la evaluación del gasto sanitario que se paralizó durante la pandemia y potenciará la compra centralizada y ampliará a más áreas, «llegando así también a la compra de suministros del gas o a la redacción de proyectos de consultoría para las instalaciones fotovoltaicas entre otras».
Sobre el gasto sanitario, Arcadi España ha explicado que este trimestre el Consell --a propuesta conjunta de las consellerias de Sanidad y Hacienda-- acordará el encargo a la AIREF de activar esta evaluación, que «comprenderá inicialmente dos áreas fundamentales: La estrategia de contratación pública y el modelo de compras y logística y los sistemas de información sanitaria y de gestión de servicios».
Se tratará de una evaluación «de la gestión de una pieza fundamental de nuestro estado de bienestar» que incidirá en la parte «más importante» del presupuesto: 8.250 millones de euros, el 29% del total. «Analizar para mejorar el servicio, para tomar medidas, para gastar mejor», ha sintetizado España.
Además, en cuanto a la compra centralizada, ha avanzado que se culminará el proyecto NEFIS de gestión económico-financiera, que «permitirá mejorar la gestión, así como la puesta en marcha de una central de información que, con absoluta transparencia ayudará en la toma de decisiones para la asignación de recursos en materia presupuestaria, y en la puesta en marcha y revisión de políticas públicas».
«EXCESO DE EXCUSAS» CON LA FINANCIACIÓN
El conseller también se ha pronunciado sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, para reivindicar «un nuevo modelo, un fondo transitorio y una quita de la deuda» como objetivos «irrenunciables». España ha lamentado que «está fallando la política, la falta de buena política» y ha criticado que «hay un exceso de excusas, de cortoplacismo y de partidismo» porque «algunos buscan votos enfrentando territorios» y «no ayuda que el principal partido de la oposición presuma de no querer pactar nada con el Gobierno actual».
Así, ha reclamado «empatía» tanto del Gobierno central como del de la oposición y de las comunidades que «reciben recursos adecuadas, se sienten cómodas y no tienen incentivos para cambiar el modelo». «El acuerdo tiene que ser de todos, global» , ha sostenido Arcadi España, antes de avisar que es «insostenible a medio plazo» un sistema con el que el volumen de deuda que acumulan las comunidades más perjudicadas. «Va a ser imprescindible hacerlo», ha asegurado.
Arcadi España ha incidido en que el presupuesto de la Generalitat se sitúa en torno a los 28.000 millones de euros para 2023, el «más alto de la historia del autogobierno», y que es posible «gracias a unos años de liquidez extraordinaria facilitada por el Gobierno» central y los fondos europeos, que han permitido a la Comunitat Valenciana alcanzar el gasto medio en los servicios públicos fundamentales. Pero «alcanzar esta cifra sin un nuevo modelo de financiación ha significado un mayor volumen de deuda con el Estado».
«Ante las injusticias no nos podemos resignar, ni cansarnos de luchar por corregirlas, y menos cuando el modelo está caducado desde 2014» y «hay diferencias entre comunidades autónomas de 30 puntos», ha expuesto, antes de subrayar que «no hay excusas», ni el COVID ni la Guerra en Ucrania, y que «en tiempos complejos, es cuando se deben solucionar los problemas estructurales».
«ES IMPRESCINDIBLE QUE LA LEALTAD SEA RECÍPROCA»
Preguntado por si cree que la lealtad del gobierno valenciano al central ha sido correspondida, tanto en este tema como en la polémica del recorte del trasvase Tajo-Segura, Arcadi España ha subrayado que él cree en la lealtad institucional «por encima de lo que haga la contraparte», aunque es «imprescindible» que sea «recíproca», y ha afirmado que ve «muchos aciertos y lealtades por parte del Gobierno de España, no completas respecto a nuestras reivindicaciones pero sí con una sensibilidad diferente» a anteriores ejecutivos centrales.
No obstante, el conseller ha subrayado que «lealtad no significa falta de firmeza», «sumisión» ni dejar de «denunciar cuando no se ha cumplido con determinadas reivindicaciones históricas» como la financiación y el trasvase, ya que su responsabilidad como dirigente en la Generalitat es «defender los intereses valencianos».
Preguntado por si considera que la actitud del presidente, Pedro Sánchez, hacia Ximo Puig debería ser diferente, ha rechazado que este problema sea «entre dos personas» sino que hace referencia a «una idea de lo que tiene que ser este país y de sensibilidad que tienen que tener los distintos gobiernos». «Veo una sensibilidad diferente de la que hemos visto en otros momentos» y «cambios positivos», ha asegurado.
Sobre futuras reformas fiscales, el titular de Hacienda cree que la acometida ha sido «justa y adecuada y es la que se necesita en este momento» y, preguntado por el caso concreto del gravamen de sucesiones, ha indicado que él «defiende la existencia» del mismo y que es un impuesto «justo».
Por otro lado, ha reconocido que los días posteriores al anuncio de la rebaja fiscal por parte del 'president' Ximo Puig fueron «duros» porque «a veces uno se encuentra injustamente superado por la agenda nacional» y esta medida «se cruzó con la agenda madrileña en el debate» cuando era anterior, lo cual llevó a una «tormenta perfecta» que, no obstante, obtuvo el respaldo mayoritario de Les Corts gracias al diálogo.
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