La remediación está pendiente de la decisión que pueda adoptar el Parlamento Europeo (PE) ante la última denuncia contra España y pendiente de que llegue hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la impugnación, previa anulación y paso por el Tribunal Constitucional (TC) de la sentencia del Tribunal Supremo que, el pasado mes de noviembre, rechazó instar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a fijar plazo para ejecutar el Plan de Rehabilitación, pero no señaló qué organismo sería el competente para hacerlo.
Ecologistas en Acción, el colectivo que se ha mostrado más proactivo para reclamar por diferentes vías la clausura de lo que considera un «cementerio nuclear al aire libre» y un «laboratorio para experimentar los efectos de la radiactividad en los seres vivos», llevará a Estrasburgo tras la vía muerta del Supremo su petición para que España tome la iniciativa sin esperar a EEUU y almacene temporalmente los 6.000 metros cúbicos de tierra obtenidos después de limpiar 50.000 metros cúbicos tal y como fija el Plan de Rehabilitación aprobado en 2010.
Mientras, una nueva queja a la Comisión de Peticiones ha dado lugar hace unos días a que el Parlamento Europeo haya pedido a la Comisión Europea (CE) una investigación «preliminar» para determinar si existen posibles puntos radiactivos fuera del vallado perimetral de seguridad. En 2019, otra queja dio lugar a una misión de verificación de Bruselas a la zona y a que, desde Europa, se siga «realizando un seguimiento» de la situación «con las autoridades españolas».
La limpieza de Palomares no se prevé a corto plazo. Ni a medio plazo. «No hay la menor intención de limpiar», asegura tajante el abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez.
«Es una decisión política y no una imposición legal o internacional», resumió la Abogacía del Estado ante el Supremo en abril de 2022. En su oposición a la demanda tanto ante la Audiencia Nacional como ante el TS, el Gobierno siempre ha alegado la «imposibilidad actual» para rehabilitar el suelo contaminado ya que el Plan de Rehabilitación tiene carácter «preliminar» y no se puede hacer sin la «ayuda» de EEUU para la gestión de los residuos generados y con el que «no existe acuerdo».
Los técnicos que elaboraron ese plan, disienten. «Es una decisión política que supera el ámbito científico ya que los aspectos técnicos del Plan de Rehabilitación están discutidísimos con las autoridades de EEUU, que, además, están de acuerdo», trasladó quien fuera director del Programa de Recuperación Radiológica Ambiental del Ciemat hace dos años, en el marco de una charla divulgativa del contexto histórico y del plan de actuación del organismo para paliar las consecuencias del accidente de 17 de enero de 1966.
Un síntoma de la deriva hacía la «inacción» de esa «voluntad política» es para colectivos conservacionistas y plataformas ciudadanas el hecho de que el Gobierno iniciase en 2021 el procedimiento de expropiación forzosa de 44 fincas de 32,4 hectáreas en Cuevas del Almanzora y Vera bajo vigilancia radiológica y dentro del vallado perimetral de seguridad y que, desde 2009 y hasta ahora, están en régimen de arrendamiento o bajo ocupación temporal a espera, que se presume larga, de que se pueda ejecutar la descontaminación.
El Consejo de Seguridad Nuclear ha defendido hace poco que la disposición del vallado perimetral que se empezó a instalar en 2007 y se concluyó en 2011 «previene del riesgo radiológico existente» por las áreas restringidas por contaminación de plutonio y americio en Palomares, además de «minimizar, a su vez, el perjuicio que el mismo pudiera ocasionar a terceros».
Mantiene que el Plan de Vigilancia Ambiental y Personal de Palomares (PVRA) que incluye la recogida de muestras de aire, agua, depósito seco, organismos indicadores, alimentos, sedimentos y suelos revela que «en ningún caso, se ha producido la superación de los niveles de referencia considerados».
Bruselas, en su misión de verificación de 2019, determinó que las instalaciones necesarias para realizar el monitoreo continuo de los niveles de contaminación por plutonio en aire, agua, suelo y productos agrícolas eran «adecuadas» y constató que las instalaciones estaban en «funcionamiento y funcionando de manera eficiente».
Plutonio y americio en 112 muestras
Los casi 400 análisis realizados por el Ciemat a las muestras de aire, alimentos de origen animal y vegetal, flora y fauna, así como sedimentos y agua recogidas en 2021 en Palomares revelaron concentración de actividad de americio y de plutonio en un total de 112, si bien, en todos estos casos, los valores detectados «son inferiores a los niveles de referencia» que están fijados en el Plan de Vigilancia Radiológica de la zona.
Según el Ciemat, los valores de concentración de actividad hallados en el último muestreo son «similares» a los obtenidos en años anteriores, por lo que le lleva a concluir que «la evolución temporal del nivel de contaminación» en la última década, durante el periodo 2010-2021, «se ha mantenido estable».
La cuantificación de plutonio fue posible en 95 de los 141 análisis realizados, la mayor parte en las muestras recolectadas mediante el cambio semanal de los filtros de aire de tres estaciones medidoras, ubicadas dos de ellas en zona 2 del área bajo vigilancia radiológica y la otra en zona urbana. En este caso, todos los análisis detectaron actividad radiactiva en forma de partículas en suspensión.
El americio se pudo medir en 17 del total 251 muestras analizadas, sobre todo en las tomadas de suelos y extraídas en cuatro estaciones medidoras de la zona 2, de la zona 6 o Sierra Almagrera, y de zona urbana.
Amenaza de nuevo retraso "de lustros"
«Mientras se pierde el tiempo discutiendo sobre quien ha de llevar a cabo la limpieza, el plutonio se está convirtiendo en americio, que resulta mucha más peligroso», advierte el abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, en poder de sendos escritos por los que el Consejo de Ministros y el Ciemat, que remite al propio CSN, se declaran «incompetentes» para acometer la limpieza.
Domínguez avisa, como ya hizo ante el Supremo, de la «maniobra» del Gobierno que, a través de la aprobación del primer decreto de medidas urgentes por la Guerra de Ucrania, «trasladó las competencias» de la descontaminación al Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), «lo que supondría el retraso varios lustros mas en la rehabilitación de los terrenos».
El Real Decreto de 29 de marzo de 2022 incluyó una disposición por la que «atribuía al Miteco las competencias» en esta materia que correspondían hasta ahora del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat).
«En caso de que el Miteco se haga cargo de acuerdo con el citado Real Decreto, tendría que elaborar un plan de rehabilitación y repetir la ingente labor desarrollada por el Ciemat y, aunque aceptara como propios estos trabajos, la demora aún sería de varios años ya que tendría que partir de cero en un caso que desconoce por completo», concluye.
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