Serrano acusa a la DGA de mentir y hacer creer que se bloquean sus "inexistentes" proyectos de vivienda en Zaragoza

«En siete años y medio no han encontrado momento para hacer ningún proyecto de vivienda en Zaragoza, y a tres meses de las elecciones autonómicas y municipales nos quieren hacer creer que si nos los tienen es porque el Ayuntamiento los bloquea», ha apuntado Serrano en una rueda de prensa este lunes.

En esta línea, ha considerado que la actitud del Ejecutivo autonómico «es increíble», puesto que se han puesto en contra de más de 200 alegaciones de los vecinos de Casablanca, quienes piden que se respeten los suelos que sirven de aparcamiento en la actualidad y que se defina un proyecto de vivienda publica, asequible y para jóvenes en el barrio, ha recordado el consejero municipal.

Víctor Serrano ha advertido que los responsables autonómicos «tendrán que explicar a los vecinos qué opinan acerca de sus planteamientos».

Así se ha pronunciado este lunes Serrano, después de que la semana pasada el consejero autonómico de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, anunciase la decisión del Gobierno de Aragón de iniciar un proceso judicial contra el Ayuntamiento de Zaragoza por no cumplir el acuerdo alcanzado entre instituciones para la calle de Embarcadero.

Situación inaudita

Asimismo, ha reconocido que esta situación que se está produciendo entre las instituciones es «inaudita» y ha asegurado que en la historia de la Bilateral «no ha habido ningún precedente judicial como el que ha referido Lambán».

En esta línea, Víctor Serrano se ha referido a las declaraciones del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, al señalar que el Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado a juicio asuntos en el seno de la Bilateral.

«No es verdad», ha ratificado el consejero, aportando como ejemplo el caso de los Juzgados de la plaza del Pilar, un procedimiento que se suspendió, por parte de la entidad municipal, para intentar llegar a acuerdo en la comisión, aunque al no producirse «se decidió que lo resolviera un juez».

En cualquier caso, ha insistido, «la decisión del Gobierno de Aragón atenta de raíz contra la ley de capitalidad, contra el espíritu de esa norma y contra el normal funcionamiento de la Comisión Bilateral».