Así lo ha trasladado en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras mantener una reunión en el Congreso con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. «Hemos acordado ceñir la reforma al artículo 49 y no hemos entrado a ninguna otra de las enmiendas», ha zanjado el ministro. «Debe ceñirse única y exclusivamente al artículo 49», ha subrayado Cuca Gamarra.
El compromiso es buscar una nueva redacción de ese artículo 49 que cuente con el respaldo de las organizaciones del sector de la discapacidad, que se ajuste a las recomendaciones que en su día hizo el Consejo de Estado y que sume el voto de la mayoría de las formaciones parlamentarias. «Debería ser una reforma que cuente con unanimidad», ha señalado el ministro.
Pendiente desde 2018
Esta reforma constitucional fue impulsada por la vicepresidencia de Carmen Calvo sobre la base de un texto de cuatro puntos que ya se había consensuado en la Cámara baja en 2018, pero que no se llegó a aprobar al disolverse las Cortes con la convocatoria de las primeras elecciones de 2019.
El texto, además del cambio del término 'disminuido' por 'persona con discapacidad', propone destacar «los derechos y deberes previstos» en la Carta Magna «en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva» para este colectivo, sin que «pueda producirse discriminación»; y encomienda a los poderes públicos la puesta en marcha de «políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad».
Calvo fue destituida por Pedro Sánchez en la crisis de Gobierno de julio de 2021 y su sucesor en el Ministerio de Presidencia, Félix Bolaños, fue quien defendió la reforma constitucional ante las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y por Vox.
Mas de un año en la 'nevera'
Para el partido de Santiago Abascal, la redacción planteada por el Gobierno "no es adecuada a los fines que persigue, habiendo sido declarada como 'perturbadora' por el propio Consejo de Estado, y carece de la calidad necesaria.
El PP, por su parte, argumentaba que reformar la Constitución siempre exige «espíritu de sosiego y de pacto político, justamente dos elementos de los que en este momento de gravísima crisis económica y social se carecen». «Con estas premisas, la aspiración de proceder a una remodelación de la Carta Magna a día de hoy es imposible», señalaban en su enmienda de veto.
Tras aquel debate, el proyecto de reforma se quedó casi un año y medio en el 'congelador' hasta que el pasado mes de diciembre la Mesa del Congreso dio por fin el visto bueno a la presentación de enmiendas parciales.
Y mientras que el PP y Vox limitaron sus enmiendas al artículo de la discapacidad, otros grupos propusieron aprovechar la reforma para introducir más cambios en la Carta magna: el PNV aboga por reconocer la plurinacional del Estado y la autodeterminación y por limitar la inviolabilidad del Rey; Ciudadanos reclamó una reforma electoral para implantar la circunscripción única al Congreso; Junts pidió mutilar las competencias del Tribunal de Cuentas; y Compromís exigió el reconocimiento del derecho civil valenciano.
Tras las Navidades, el Gobierno anunció que volvería a intentar la reforma y concertó una reunión con el PP, ya que aprobar este cambio puntual de la Constitución necesita un respaldo mínimo de tres quintos de la Cámara (210 votos), lo que exige el visto bueno del primer partido de la oposición.
Y ambas partes han acordado intentarlo, pero dejando al margen toda cuestión ajena. Incluso el reconocimiento del Derecho Civil Valenciano, que los socialistas estaban dispuestos a asumir. «Hemos acordado ceñir la reforma al artículo 49 y no hemos entrado a ninguna otra de las enmiendas», ha zanjado el ministro. «Debe ceñirse única y exclusivamente al artículo 49», ha subrayado Cuca Gamarra.
Atender el informe del consejo de estado
El Gobierno entiende que el PP ha cambiado de posición y ahora acepta negociar, mientras que los 'populares' consideran que el Ejecutivo se ha avenido a limitar la reformar al artículo de la discapacidad, dejando al margen todas las cuestiones ajenas.
En las próximas semanas, las dos partes buscarán una nueva redacción del artículo 49 que recoja los 'peros' que puso en 2019 el Consejo de Estado y que cuente con el acuerdo de las organizaciones del sector. También buscarán el voto de las demás formaciones parlamentarias, pues creen que hay un amplio consenso para modificar este precepto.
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