En una diligencia de ordenación fechada este pasado miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ordena que se tramite el citado recurso y, en consecuencia, que se requiera al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática para que remita en el plazo «improrrogable» de 20 días, el expediente administrativo.
Junto a ello, se acuerda la formación de una pieza separada de medidas cautelares, después de que la asociación granadina solicitara la suspensión cautelar de la designación de A Coruña como sede de la agencia hasta que se resuelva este procedimiento, según consta en la citada resolución, contra la que cabe interponer recurso de reposición ante la letrada de la Administración de Justicia en el plazo de cinco días.
En su recurso, consultado por Europa Press, el colectivo reclama que se declare la invalidez y consiguiente anulación de la adjudicación de la sede de la Aesia por entender que A Coruña «no ofrecía ni el mejor proyecto ni la mejor puntuación posible a obtener por los concursantes, a tenor de los criterios establecidos por el Real Decreto por el que se establece el procedimiento».
De entre las 16 ciudades que presentaron candidatura para albergar esta sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, el Consejo de Ministros escogió a A Coruña, una decisión que también va a recurrir el Ayuntamiento de Granada, que trabaja con sus servicios jurídicos, en coordinación con los de otras instituciones como la Junta de Andalucía, en el anuncio del recurso ante el Supremo.
A juicio de Juntos por Granada, A Coruña fue seleccionada «por considerarse, solo por la opinión de la ministra del ramo, que era la que mejor se adecuaba a los requisitos establecidos por el decreto», a pesar de que por los motivos expuestos en el dictamen de la comisión consultiva se debe concluir, según sostienen, que la candidatura granadina era «la de mayor nivel en todos los conceptos».
Este colectivo expone así que la decisión del Gobierno, que a su juicio vino «inducida» por la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño --de origen coruñés--, presuntamente vulneró las normas que regulaban regladamente el procedimiento y determinó la «resolución arbitraria del concurso», motivo por el que creen que este acto «está viciado de graves irregularidades invalidantes».
En el recurso se recalca que «de modo ineludible» el Real Decreto del 22 de marzo por el que se establece el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal y se crea la comisión consultiva para la determinación de las sedes, estableció el procedimiento que resulta de aplicación en este caso a fin de iniciar un procedimiento que facilitase que la elección «se guiara por la transparencia, la objetividad y la adaptación a las necesidades de la institución».
Y defienden que la ciudad de Granada debe resultar por «su mayor excelencia» la adjudicataria de la sede física de la nueva Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial en virtud de lo dispuesto en el citado Real Decreto.
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