El Ayuntamiento de Níjar (Almería) va a iniciar este lunes el desmantelamiento del asentamiento chabolista de El Walili, en el paraje de Los Nietos, el cual se encuentra ocupado desde hace años principalmente por trabajadores inmigrantes de los campos aledaños que carecen una alternativa habitacional y a los que, en un primer momento y dentro del protocolo diseñado por el Consistorio, se conducirá, previa solicitud, a un centro de acogida de emergencia y derivación hasta poder darles un espacio donde vivir de forma transitoria.
El equipo de gobierno encabezado por la alcaldesa, Esperanza Pérez (PSOE), ratificó el pasado viernes su decisión después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Almería autorizara en un auto, posteriormente ratificado, el desalojo «forzoso» del poblado chabolista aludiendo al «peligro» que supone el estado de la finca para sus moradores ante los riesgos de incendio y electrocución, entre otros.
No obstante, tanto los propios afectados como varias ONG que trabajan directamente con el Consistorio nijareño, así como la Diócesis de Almería, han solicitado en los últimos días el aplazamiento del desalojo al entender que no se dan «las condiciones mínimas para llevarlo a cabo».
«Consideramos que el procedimiento final debería haberse realizado asegurando una mayor coordinación y comunicación con las entidades sociales», expusieron desde Almería Acoge, Médicos del Mundo, Hermanas Mercedarias y Fundación Cepaim.
La iniciativa en la que el Ayuntamiento trabaja desde hace años en colaboración con otras administraciones y la patronal empresarial agrícola, desde la que se ha expresado en distintas ocasiones su preocupación por la imagen que se ofrece del campo almeriense entre los consumidores de frutas y hortalizas en Europa, plantea como principales dudas las alternativas habitacionales que se ofrecerá a los moradores del Walili, quienes incluso deben demostrar, en caso de acceso a las mismas, que forman parte del asentamiento.
Algunas organizaciones, como la plataforma 'Derecho a techo', afirma que son cerca de 500 personas que las que integran el asentamiento; una cifra que el Consistorio reduce sin especificar el número de personas que forman parte del mismo, aunque sus recuentos apuntan a la existencia de unas 200 chabolas. El gobierno local abrió además un registro de demandantes de realojo hace meses sin que haya trascendido el número de personas inscritas en el mismo.
La plataforma, apoyada por el sindicato SAT-SOC, también ha expresado su incertidumbre sobre el destino real que se dará a los trabajadores ya que, por el momento, el Ayuntamiento no habría comunicado a ningún residente su lugar de realojo «salvo que durante el desalojo forzoso habría unos autocares que les llevaría, a quien lo solicitara, a un lugar para alojarlos».
El Ayuntamiento ha trasladado públicamente que aquellos moradores que lo pidan serán trasladados a un centro de acogida de emergencia y derivación, cuya ubicación y características se desconocen pero en donde tendrán «alojamiento y manutención en tanto se reevalúa individualmente cada caso»; lo que supone un «alojamiento temporal de emergencia, mientras se resuelve su ingreso en viviendas más normalizadas», según las ONG.
Este «proceso intermedio» podría alargarse, conforme las previsiones iniciales, «hasta un máximo de dos meses», según las previsiones municipales. El objetivo es realizar «estudios personalizados» con los que «elaborar el itinerario de integración de cada individuo antes de su derivación a una solución habitacional transitoria de alquiler».
A este extremo se une además la falta de finalización de las 62 viviendas de alojamiento temporal proyectadas en Los Grillos que cuentan con una aportación de 1,5 millones de euros de fondos europeos otorgados a través de la Junta de Andalucía, cuyos responsables reconocían que aún no estaban terminadas si bien se han mantenido al margen de los desalojos, al entender que las competencias para llevar a cabo esta actuación son municipales.
Pese a todo, desde el gobierno local, al que la dirección provincial del PSOE ha expresado su «confianza plena» en este asunto, se ha garantizado «la capacidad suficiente» para atender a «las personas identificadas como moradores», como lo que para llevar a cabo esta primera fase de actuación participarán «técnicos en asistencia psicológica y de mediación, personal sanitario, bomberos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
El Ayuntamiento ha valorado el trabajo que desde 2021 se desarrolla por los distintos implicados, «cuyo único fin ha sido y es mejorar las condiciones de las personas que se han visto abocadas a vivir en situaciones infrahumanas».
Asimismo, mantiene su compromiso para «trabajar diariamente en la evolución de las condiciones de integración, desde la perspectiva de que la verdadera lucha pro derechos humanos no es contar el número de personas que hay en un asentamiento, sino ayudarles a salir de ellos poniendo a su disposición una oportunidad digna», han afirmado.
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