La Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido al juzgado que investigue al exinspector jefe de la Comisaría Centro de la ciudad de València que aseguró que los inmigrantes eran delincuentes, según consta en la resolución facilitada por València Acull.
El exinspector Ricardo Ferris equiparó la inmigración con la delincuencia y atribuyó todos los delitos que se cometen a las personas extranjeras en un acto organizado en València el pasado 14 de octubre por VOX y la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), y respaldado por la asociación Una Policía para el Siglo XXI, ha recordado la entidad.
Tras sus declaraciones, una treintena de organizaciones de personas migrantes y de defensa de sus derechos presentaron una denuncia --que luego se ampliaron-- contra el exinspector. Entre las entidades se encuentra València Acull, Federación Unión Africana España, Por Tí Mujer, Colombia Tierra Querida o SOS Racisme del País València.
El ministerio público, tras estudiar los hechos, decidió abrir diligencias de investigación penal. Al estimar que los hechos podían ser constitutivos de un delito de odio (artículo 510 del Código Penal), sin perjuicio de ulterior calificación, solicitó que se remitieran las diligencias al Juzgado Decano de Valencia para que, conforme a las normas de reparto, las remitiera a su vez al juzgado de instrucción correspondiente para que se incoara el procedimiento adecuado. La Fiscalía ya lo ha remitido.
La denuncia
En su escrito de denuncia, los denunciantes reclamaban al ministerio público que acusara al excomisario Ricardo Ferris, quien fue relevado de su cargo tras hacerse públicas sus manifestaciones, de incitar al odio contra las personas extranjeras.
En concreto, según recordaban las organizaciones en su denuncia, Ferris equiparó la inmigración con la delincuencia y atribuyó todos los delitos que se cometen a las personas extranjeras.
Además, el excomisario --agregaban-- instó públicamente a «actuar y echarle narices a la situación actual» y afirmó que «los españoles somos un pueblo pacífico, pero desgraciadamente vamos a tener que dejar de serlo».
El delito de odio se contempla en el artículo 510.1.a del Código Penal y está castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a 12 meses.
Desde la Dirección General de la Policía Nacional, tras conocerse los hechos, acordaron relevar a Ferris de su cargo y abrieron una información reservada para esclarecer «todos los detalles» en relación a su participación en ese acto el pasado 14 de octubre y depurar las responsabilidades a que hubiera lugar.
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