(I-D) El Presidente De La Comisión De Economía Y Fiscalidad De Foment Del Treball, Valentí Pich; El Presidente, Josep Sánches Llibre; La Vicepresidenta, Virgínia Guinda, Y El Consejero De Presidencia, Manel J. Silva. | Europa Press

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Foment del Treball ha impulsado un recurso de inconstitucionalidad del impuesto sobre grandes fortunas y ha presentado un informe realizado por el consejero de presidencia de la patronal y socio consultor de RocaJunyent, Manel J. Silva, y que aporta los motivos de esta inconstitucionalidad.

Así lo ha explicado el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, este martes en una rueda de prensa acompañado por la vicepresidenta de la patronal, Virgínia Guinda; el presidente de la Comisión de Economía y Fiscalidad, Valentí Pich, y Silva.

Sánchez Llibre ha asegurado que este impuesto «vulnera la autonomía de las comunidades autónomas», así como la seguridad jurídica de los contribuyentes y su capacidad económica, ya que, según él, no permite programar adecuadamente el pago de las obligaciones con Hacienda.

El presidente de la patronal ha subrayado que consideran la tasa «confiscatoria» y ha explicado que enviarán el informe a la CEOE, que unos días atrás presentó otro estudio que también aseguraba que el impuesto es inconstitucional.

«Habrá dos dictámenes que darán más posibilidades a las instituciones que pueden presentar recursos al Tribunal Constitucional (TC)», ha asegurado.

Silva ha señalado que el interés de la patronal es que se apliquen dos principios generales que recoge la Constitución: un sistema tributario justo en base a su capacidad económica y que «en ningún caso puede ser confiscatorio», y la competitividad fiscal entre las autonomías.

"no es un tema ideológico"

Pich ha asegurado que la presentación de este informe no responde a motivos políticos: «No es un tema ideológico, es una razón jurídica y de preocupación económica».

Ha asegurado que el impuesto tiene un problema en la manera como se presentó, «saltándose los trámites» y siendo aprobado, en sus palabras, con prisas.

Además, ha apuntado errores de diseño, con «problemas internos graves» que discrimina a los no residentes respecto a los residentes, y que hay colectivos que tendrán un trato diferente por las normativas autonómicas.

Ha asegurado que los 1.500 millones que el Gobierno quiere recaudar «son pura fantasía» y ha reclamado que se facilite la llegada de inversiones.