La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha condenado a penas que suman casi tres años de cárcel para el que fuera director de la única oficina bancaria de Linares-Baeza (Jaén) por apropiarse de cerca de seis millones de euros de unos 300 clientes, dinero que en su gran parte --5,1 millones-- ya fue devuelto por la entidad a la mayoría de los perjudicados.
La Fiscalía ha reconocido como atenuantes las dilaciones indebidas en el proceso y la confesión, por lo que ha rebajado la pena de los 12 años que pedía inicialmente para el principal encausado hasta los casi tres años de prisión. En concreto, se le condena a 20 meses de cárcel por los delitos continuados de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida, seis meses por blanqueo de capitales y nueve meses por insolvencia punible.
De esta forma, el acusado durante el juicio ha reconocido los hechos y ha mostrado su conformidad con las penas, que incluyen también una multa de 5,1 millones de euros y la indemnización por responsabilidad ccil de 5,1 millones, cantidades que se verán incrementadas hasta los seis millones al haber cerca de una treintena de perjudicados a los que todavía no se les había reconocido el perjuicio.
Con estas penas, el principal acusado, que ya estuvo casi dos años en prisión preventiva, no tendrá que volver a prisión. Tampoco ingresará en prisión su mujer, condenada a 18 meses de cárcel por blanqueo e insolvencia punible, que también deberá abonar una multa de 740.000 euros y la misma cantidad en responsabilidad civil.
De los 13 acusados en total que se han sentado en el banquillo, Fiscalía ha retirado su acusación a uno de ellos por no poder concretar su participación en el fraude. Todos los demás se han conformado con las penas propuestas, que van desde los tres a los seis meses de prisión. A todos ellos se les ha reconocido la atenuante de dilaciones indebidas y algunos la de reparación del daño puesto que han devuelto el dinero.
El principal acusado, tal y como sostenía Fiscalía, ha reconocido que entre los años 2000 y 2011, «con ánimo de lucro propio y en beneficio de terceros, realizó disposiciones indebidas de fondos depositados en cuentas de los clientes, sin el consentimiento ni la autorización de estos».
La entidad bancaria, a fecha 31 de diciembre de 2012, indemnizó a todos los perjudicados, con algunas excepciones que han quedado zanjadas en el juicio y que conllevan, en concepto de intereses, un uno por ciento de incremento anual.
La primera fase de la llamada operación Arcarius puso al descubierto una compleja trama de delincuencia económica y financiera a cargo del acusado que tenía una banca paralela con la que supuestamente blanqueaba dinero y utilizaba los fondos de los clientes estafados para rentabilizar inversiones.
Junto al director de la oficina bancaria, que ingresó en prisión en noviembre de 2011, la Policía Nacional detuvo a otras 18 personas, entre ellas directores generales y ejecutivos de grandes empresas nacionales.
El modo de operar en esta presunta estafa tenía varias modalidades como el desvío de fondos aportados por los clientes para la constitución de imposiciones a plazo fijo u otros productos de ahorro con características similares. También contemplaba la cancelación anticipada, sin conocimiento ni consentimiento del cliente, de imposiciones a plazo fijo.
Además, tal y como han reconocido al declararse culpables, se apropiaron de fondos de las libretas, sin conocimiento ni consentimiento de los clientes, manipulando el saldo de las mismas, para que la falta de fondos no fuese detectada por los clientes. También el exdirector dispuso de los fondos que los clientes aportaban para la cancelación de los préstamos, simulando la cancelación de los mismos y desviando los fondos para otros fines.
Dentro de la estafa también se recoge la formalización de préstamos por parte del acusado, a nombre de clientes, sin su conocimiento y consentimiento. Otra modalidad era engañar a clientes que mantenían deudas con la entidad, tanto con garantías hipotecarias como personales, ofreciendo la dación en pago de los inmuebles que mantenían en la misma para cancelar dichas deudas, sin posteriormente proceder a dicha cancelación y apropiarse de forma personal de dichos inmuebles, sin cancelar las deudas que los clientes mantenían en la
entidad.
Con la finalidad de dar al dinero obtenido apariencia de legitimidad y evitar que se pudiera descubrir su origen ilícito, el principal encausado, con la colaboración de su esposa, su hermano y su cuñada, así como del resto de acusados, quienes conocían tal circunstancia, --valiéndose de cuentas inactivas de clientes o que habían solicitado cancelar, o incluso mediante entregas en efectivo o a través de cheques-- desvió fondos depositados en la entidad que dirigía a empresas propias o a terceros.
De esta forma, «crearon un complejo entramado de personas físicas, y personas jurídicas, al frente de las cuales se encontraban familiares, allegados y empleados, que mediante el anterior procedimiento lograban que ese dinero obtenido de manera ilegal fuera integrado en el sistema legal con apariencia de haber sido obtenido de manera lícita».
Con las conformidades de todos los acusados se pone punto y final a un juicio que estaba previsto, por la complejidad del mismo, que se extendiera durante toda esta semana con sesiones de mañana y tarde.
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