PSOE-A, Por Andalucía y Adelante impiden debatir en el Parlamento una iniciativa del PP sobre la Ley del 'sólo sí es sí'

La Junta de Portavoces del Parlamento, encargada de aprobar el orden del día del Pleno, ha rechazado, con los votos de los tres grupos de la izquierda, la inclusión en el orden del día de dicha iniciativa. El PP-A sólo encontró el apoyo del Grupo Vox para que se incorporara.

Esta votación se ha llevado a cabo después de que la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, reclamara la aplicación a esta iniciativa del artículo 171 del Reglamento del Parlamento con el argumento de que afecta a una materia de competencia exclusiva del Estado.

Concretamente, el citado artículo señala: «Las proposiciones no de ley que planteen propuestas de resolución a la Cámara, para que ésta manifieste una determinada voluntad o emita una declaración política en relación con materias de competencia exclusiva del Estado o de la administración local, se tramitarán ante el Pleno y sólo podrán ser incluidas en un orden del día si cuentan con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma».

A este respecto, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha emplazado a los grupos parlamentarios a que mantengan una reunión y lleguen a un «punto de consenso» sobre la aplicación del artículo 171 del Reglamento, para que no se tengan que producir estos debates de forma continuada en la Junta de Portavoces.

El portavoz del PP-A, Toni Martín, ha defendido la inclusión de la iniciativa en el orden del día porque ya han sido más de un centenar de agresores sexuales, muchos de ellos en Andalucía, los que se han beneficiado por la aplicación de una ley «absolutamente perniciosa».

Tras el rechazo a la inclusión en el orden del día, ha acusado a los grupos de la izquierda de constituirse en una «oficina de censura» de la actividad parlamentaria.

En concreto, en PP-A pedía en su iniciativa que el Parlamento rechazara «los efectos indeseables y las graves consecuencias que ha ocasionado la entrada en vigor» de la citada Ley, y defendiera la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y el castigo que «las víctimas y la sociedad exigen para los agresores sexuales y la exigencia inexcusable de que se asuman y depuren responsabilidades políticas por las nefastas consecuencias derivadas de su aprobación».

Concretamente, se pedía una posición favorable del Parlamento a que se lleve a efecto «una revisión, por la vía de urgencia», de la citada ley orgánica, con la finalidad de que quienes cometan delitos sexuales «puedan tener, cuanto antes, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022, y que se han visto rebajadas con la actual regulación, evitando el beneficio para el agresor y el abandono y la desprotección de la víctima».