En rueda de prensa, Vaquero se ha remitido a informaciones publicadas por la prensa digital para afirmar que el Ejecutivo de Lambán concedió varias licencias de TDT a empresas relacionadas con «el entramado por el que el hermano de Ximo Puig está judicializado», indicando que son adjudicaciones realizadas en 2018.
Ha recordado que el PP ya pidió explicaciones al Gobierno de Aragón porque «en este caso de judicialización aparecían tres Gobiernos que habían concedido ayudas y subvenciones al hermano de Ximo Puig», el Gobierno de Cataluña, el de la Comunidad Valenciana y el Ejecutivo aragonés.
«Es urgente que Lambán dé explicaciones a todos los aragoneses», ha considerado Vaquero, quien ha preguntado si Ximo Puig pidió ayuda al Gobierno de Lambán para su hermano y si el Ejecutivo aragonés conocía las circunstancias en que estaba este entramado de empresas, también cuáles son todos esos contratos con empresas.
La portavoz del PP Aragón ha comentado que este partido ya solicitó información al Gobierno de Lambán sobre todos estos contratos, solicitando una copia completa de todos los expedientes de contratación y cualquier otro que en los últimos 7 años el Gobierno de Aragón hubiera tenido en relación con las cuatro empresas de «este entramado».
Opacidad
El Gobierno de Aragón «no proporcionó al PP ninguno de estos expedientes», ha lamentado Mar Vaquero, criticando «la total opacidad y falta de transparencia» del Ejecutivo de Lambán, que «tendrá que dar explicaciones de esta adjudicación de licencias, de las que nada se conocía a pesar de haber pedido esta información y en qué circunstancias se produjeron, en un asunto judicializado».
Por otra parte, Mar Vaquero ha manifestado que el PP tiene «cientos de quejas» por no recibir respuesta a sus peticiones de información, añadiendo que el Justicia de Aragón también se ha quejado por la falta de aportación de documentación que ha solicitado a la Administración autonómica.
También ha aludido al «caso mascarillas», señalando que «todavía no sabemos cómo se ha llevado a cabo esa compra de mascarillas» por lo que «existe una gran opacidad que afecta al dinero público».
Asimismo, ha dicho, la Cámara de Cuentas se ha quejado porque el Gobierno regional no aporta la documentación para acreditar el pago de facturas y la formalización de algunos contratos.
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