En concreto son 23 de comunidades de edificios y otros 21 expedientes de particulares, que piden ayuda adicional en caso de personas vulnerables.
En rueda de prensa, Horacio Royo ha contado que en mayo de 2021 el PSOE presenta una moción alertando de que se podría agravar la situación y se pedía flexibilización de las normas urbanísticas y dotar de personal para que estos expedientes «muy complicados de gestionar con plazos estrictos se pudieran resolver».
La moción prosperó, pero se ha incumplido por el «empeño de Urbanismo para seguir manteniendo una normativa desfasada» como que exige a los propietarios de los grupos sindicales de vivienda hacer un estudio de detalle, que además del coste de 12.000 euros, ralentiza sistemáticamente los procesos hasta la obtención de licencia e inicio de obras.
Uno ha sido el caso del grupo Alférez Rojas en el que durante dos años se ha estado discutiendo el tipo de teja para hacer el estudio de detalle y en una comunidad de propietarios de la calle Peña Oroel se pide instalar ascensor pero se demora mas de 1,5 años y el Ayuntamiento no ha decidido si lo autoriza o no.
Dos velocidades
A su parecer, el Ayuntamiento tiene dos velocidades para proyectos de interés político y otros ritmos para necesidades de los ciudadanos, ha diferenciado. En este caso lo solicitan personas en barrios degradados y hacen un esfuerzo excepcional para avanzar y mejorar sus viviendas. «Es inadmisible que Urbanismo actúe de forma lenta y trabajosa con continuas y reiteradas peticiones de información adicional».
Ha apuntado que en la fecha actual, a finales de febrero ni Zaragoza-Vivienda, ni Urbanismo han aprobado las bases de las convocatorias para gestionar los fondos de rehabilitación urbana.
Además, ha dicho que es «preocupante la perspectiva de si se será capaz de gestionar» los Next Generation que han llegado y los que estarán por llegar porque la condición 'sine qua non' es que se tienen que ejecutar en diciembre de 2026. «Dos años y medio y no hay bases ni modificado del PGOU para facilitar la gestión», ha sintetizado.
El edil ha considerado que la «incapacidad del Gobierno de Zaragoza puede llevar a comprometer la gestión de los fondos europeos del Ayuntamiento».
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