Así, una nueva línea de préstamos bonificados de 50 millones de euros se sumaría a la primera línea de crédito del Institut Valencià de Finances (IVF), de 50 millones de euros, que se está tramitando.
Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios, durante la inauguración este lunes de Cevisama en Feria Valencia, donde ha insistido en su petición de que el Gobierno central establezca una «moratoria» o «excepcionalidad» en los requisitos que exige la Ley se Subvenciones, concretamente en los periodos de pago, para que el sector pueda contar con las ayudas de 450 millones de euros del Gobierno central para compensar los costes del aumento de los precios del gas natural.
El 'president' ha expuesto que el marco legal de la Ley General de Subvenciones y de la Ley de Morosidad, que ha sido «positivo» y «a favor de la pequeña empresa y de todos los proveedores», «ahora perjudica a la agilidad y a poder llegar las ayudas, porque efectivamente en un momento de crisis las empresas no pueden pagar a 60 días en muchos casos». En ese sentido, ha indicado que esa misma ley «impide llevar a cabo las ayudas directas que quiere dar la Generalitat» por valor de 50 millones de euros.
«Por eso, estamos viendo una solución intermedia, a corto plazo, para que haya unos prestamos bonificados y que se puedan dar por parte de la Generalitat, ya tanto para circulante como para inversión. Es lo que estamos negociando con Ascer», ha explicado.
Con ello, las ayudas directas de 50 millones de euros que tiene previsto conceder la Generalitat se convertirían así en préstamos bonificados y el importe «podría incluso aumentarse». «Nuestra idea es que sean unos créditos a largo plazo con un nivel de crédito de tipo de interés por debajo del mercado y con una bonificación además de una parte sustancial del crédito, que puede ser del ciez o cinco por ciento de inversión no retornable», ha precisado, antes de añadir que la Generalitat necesita «que haya un acuerdo» para que esta medida sea «la más eficaz para las empresas».
«Esta es una decisión que hay que tomar a corto plazo, porque nosotros lo que queremos, nuestro compromiso, es otorgar esos 50 millones de euros de ayudas directas, en el plano de la Generalitat, y de 450 millones de euros directamente del Estado. El problema que hay es que en estos momentos la dificultad de poder presentar uyna auditoría positiva hace que se impida la llegada de ayudas. Por eso, estamos buscando un plan B a esta situación, que sería subvencionar créditos», ha señalado el 'president'.
Puig ha apuntado que no puede concretar una fecha para que se articulen esos créditos porque «depende del acuerdo con los empresarios», pero ha asegurado que desde la Generalitat tienen «todo preparado».
Ascer insiste en pedir ayudas directas
Respecto a la propuesta, el secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), Alberto Echavarría, ha señalado que «un préstamo es un préstamo» y « hay que devolver el dinero». Así, ha indicado que el empresariado «no tiene que aceptar o no aceptar una propuesta» suno «pelear para que se den las ayudas, que es lo que realmente han pedido».
El representante de Ascer ha cuestionado cómo van a devolver el dinero las empresas «con una caída de producción del 15%, con una caída de las exportaciones del 13%», y ha insistido: «Al final, la solución es recibir ayudas», ha manifestado en declaraciones a los medios.
«¿Que ellos están buscando fórmulas para que se pueda dar algo de dinero y oxígeno al sector? Sin duda. ¿Que tienen la mejor de las voluntades? Sin duda. Lo lamentable es que un gobierno de la Comunitat Valenciana tenga que estar buscando alternativas porque el Gobierno nacional no lo quiere hacer. Ese es el principal problema», ha aseverado.
Echavarría ha rechazado que el sector tenga que «aceptar fracasar en la recepción de las ayudas» y ha apuntado que el Ministerio de Industria sabe que el periodo medio de pago proveedores en el segundo trimestre del año fue de 95 días en España. «El Gobierno es plenamente consciente de lo que hay», ha asegurado.
Al mismo tiempo, ha añadido que Ascer está en contacto «habitualmente» con el Ministerio de Industria y ha apuntado a que son «otras partes del Gobierno» las que no quieren modificar los requisitos. Desde el Ministerio de Industria «entienden nuestra situación y además es que ven el potencial riesgo que hay. Es que no se pueden dar estas ayudas, ni los perte ni las subvenciones de I+D+i, no se puede dar nada», ha denunciado.
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