TSJPV dice que la Administración Pública no puede exigir el euskera en la OPE para cuidadores en la Fundación Uliazpi

En primera instancia, según ha explicado el sindicato LAB, el Juzgado de San Sebastián dictaminó que «siendo el euskera lengua cooficial en la CAV, es lícito solicitarlo a los empleados públicos para garantizar el derecho de los ciudadanos a utilizar esa lengua».

Por el contrario, la resolución del TSJPV señala que la Administración Pública «no puede exigir este requisito a todos los presentados, en perjuicio del derecho al empleo público de quienes no acrediten dicho perfil lingüístico». «Es decir, que la exigencia del euskera subyuga el derecho básico de la ciudadanía a acceder a estas plazas», ha apuntado LAB.

El sindicato abertzale considera que esta decisión del Alto tribunal vasco se trata de «una nueva agresión grave que pretende obstaculizar la normalización del uso del euskera en la administración pública». «Promovidos por los intereses corporativos de un sindicato, de nuevo, los derechos fundamentales de los vascos serán pisoteados. Es decir, los euskaldunes seremos aún más discriminados», ha denunciado.

A su juicio, en este caso concreto «la naturaleza de los puestos de trabajo que se pretenden cubrir con estas oposiciones agrava la magnitud de la agresión». «Estas plazas de cuidadores exigen una relación estrecha y de confianza con la ciudadanía cuidada, en la que el idioma que se va a utilizar es muy importante. El perfil de euskera es imprescindible para respetar los derechos lingüísticos de las personas atendidas y familiares», ha subrayado.

"vulneración de derechos"

Además, ha insistido en que la contratación de trabajadores que no sepan euskera también supondrá «una vulneración de los derechos lingüísticos del resto de empleados euskaldunes que trabajan en la Fundación Uliazpi», al tiempo que ha incidido en que es «un derecho fundamental poder trabajar en euskera en la administración vasca».

LAB, de este modo, ha defendido que la euskaldunización de la Administración «no debe limitarse a la prestación del servicio a la ciudadanía en euskera, sino que el propio funcionamiento interno de la misma debe ser también euskaldunizado, en la medida en que la oficialidad del euskera conlleva esta obligación».

De este modo, ha señalado que la posible contratación de nuevos trabajadores que «no tengan ni siquiera los conocimientos mínimos de euskera, expone a llevar a la ruina lo avanzado en la euskaldunización de la Administración en las últimas décadas».

En su opinión, la normalización del euskera exige «amplios acuerdos de país». Por ello, ha insistido en que «ya es hora de hacer políticas lingüísticas audaces para euskaldunizar la administración y blindar adecuadamente este proceso».

Para ello, «será imprescindible la aportación de los agentes sindicales, sociales y políticos» y ha reivindicado «una movilización eficaz de los empleados públicos vascos ante los ataques al euskera y de responder con contundencia, junto con los agentes de euskalgintza».