En rueda de prensa, el consejero, José Luis Soro, ha dado a conocer esta iniciativa, que se canalizará a través de la sociedad pública autonómica Suelo y Vivienda de Aragón (SVA), cuyo objetivo es «atender tanto la emergencia habitacional de familias vulnerables como el acceso a la vivienda a precio asequible a los colectivos que se enfrentan a más dificultades, como los jóvenes».
El Mitma aportará 13 millones de euros, el 60 por ciento, y el Gobierno regional los 8,3 millones restantes, adquiriendo las viviendas SVA a «cualquier persona física o jurídica», cada una de una o varias viviendas y ubicadas principalmente en Zaragoza, pero también en cualquier otro municipio de la Comunidad Autónoma.
Una vez las compre SVA pasarán a formar parte del parque público y serán de alquiler social. Las viviendas deberán cumplir unos requisitos, entre otros que su superficie útil no sea inferior a 55 metros cuadrados, «salvo excepciones debidamente justificadas»; que tengan unas condiciones de seguridad estructural, accesibilidad y habitabilidad; que su acondicionamiento o reforma no cueste más de 8.000 euros, IVA incluido; que no tengan más de 60 años de antigüedad y cuenten, como mínimo, con salón, cocina, dormitorio y baño, así como electricidad, agua potable y sistema de evacuación de aguas residuales.
Los propietarios deberán estar al corriente de los gastos de comunidad, suministros e impuestos, tener registradas las propiedades y que estén libres de cargas, servidumbres y gravámenes.
Los interesados deberán presentar sus solicitudes conforme al modelo publicado en el BOA y acompañarlo de documentación como la certificación literal del Registro, la certificación catastral y una declaración responsable del estado del inmueble, así como autorizar la inspección de los técnicos de SVA y comunicar el precio al que se ofrece la vivienda, que no podrá ser superior a 1.500 euros por metro cuadrado construido, incluyendo impuestos.
El plazo se abre este miércoles y se extenderá hasta el 16 de octubre, repitiéndose las convocatorias el 15 de enero de 2024 y 2025, pudiendo presentarse las solicitudes por varias vías: electrónicamente, a través de la plataforma de contratación del sector público, y presencialmente, por correo postal o mensajería en las oficinas de SVA en Plaza.
SVA solicitará una tasación a una entidad homologada por el Banco de España y emitirá un informe favorable o desfavorable sobre el que se pronunciará el Consejo de Administración de la sociedad pública, disponiendo el solicitante de 15 días para comunicar si acepta el precio y aportar la documentación que le sea requerida.
Las viviendas se alquilarán a un precio no superior de 5 euros mensuales por metro cuadrado, actualizándose al IPC, y los inquilinos no podrán tener rentas anuales que superen tres veces el IPREM, 2.000 euros mensuales, lo que el Mitma y el Ejecutivo regional podrán modificar mediante acuerdo.
«Con esta convocatoria damos un paso importante para incrementar a corto plazo el parque de vivienda de alquiler, a la vez que buscamos otras fórmulas para incrementarlo», ha dicho Soro.
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