El Gobierno andaluz ha sostenido este martes sobre la repercusión en el Parque Nacional de Doñana de la Proposición de Ley conjunta de PP y Vox para regular los regadíos en los municipios del Condado de Huelva, al norte de la Corona Forestal de Doñana, que «no amnistía a los infractores», por cuanto promueve declarar suelos agrícolas regables con aguas superficiales terrenos que quedaron sin esa calificación con el Plan de 2014, así como ha afirmado que esta iniciativa va a ofrecer una solución para esos agricultores «sin tocar un solo litro del acuífero del que bebe Doñana».
En estos términos se ha pronunciado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, quien ha explicado que él mismo personalmente le remitió la Proposición de Ley al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con quien se reunió sobre la marcha en Madrid el lunes 27 de febrero.
En ese encuentro, según ha explicado el propio Fernández-Pacheco, el secretario de Estado de Medio Ambiente le planteó que «no estaba de acuerdo del todo con la literalidad de la Proposición de Ley».
El pasado viernes, día 3, tras presentar en el Registro del Parlamento de Andalucía el PP su iniciativa conjunta con Vox, Morán anunció a través de un vídeo remitido a los medios de comunicación que el Gobierno llevaría ante el Tribunal Constitucional «toda actuación que ponga en riesgo a Doñana».
El consejero y portavoz ha recordado que el 28 de diciembre de 2022 mantuvo una reunión telemática con el secretario de Estado de Medio Ambiente, que se tradujo en un acuerdo para la creación de una Comisión Bilateral Técnica sobre el Parque de Doñana, para lamentar entonces que «nunca llegó a constituirse» y que «nunca nos volvió a llamar», así como seguidamente «llegue a mandarle una carta» con el objetivo de que «no se quedara en nada esa reunión».
"no hacer nada no puede ser la solución"
Fernández-Pacheco ha proseguido argumentando, ante esa reacción del Gobierno, que «no hacer nada no puede ser la solución» y sostener seguidamente que la Proposición de Ley «la valoro positivamente», de la que ha indicado que «encardina bien con la filosofía de ser capaces de solucionar el problema de la injusticia histórica para las 650 familias», a las que esta Proposición de Ley pretende calificar sus terrenos como suelos agrícolas regables con aguas superficiales, que es el matiz que PP y Vox han reforzado en la nueva Proposición de Ley en comparación con la que presentaron en enero de 2022, en la pasada legislatura.
El consejero de Sostenibilidad y portavoz ha abogado por superar la diatriba de concluir que «defender a los agricultores fuera a perjudicar a Doñana», así como que en sentido contrario plantearlo como que «estamos en contra de los agricultores».
«La postura responsable es plantearnos cómo ayudar a esos agricultores sin perjudicar a Doñana», ha proclamado Fernández-Pacheco, quien ha blandido que los suelos que quedaron sin la calificación de agrícola en el Plan Especial de Ordenación de los Recursos de la Corona Forestal de Doñana (PEOCFD) de 2014, aprobado por un Gobierno socialista, ha propiciado «una situación injusta desde hace jucho tiempo», antes de argumentar que «no concede derechos de agua», una competencia que recaerá sobre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), órgano del Estado ante el cual estos agricultores podrán dirigirse ya con la calificación de sus terrenos como suelos agrícolas regables.
Cierra la puerta a regar con agua del acuífero
«Cierra la puerta de manera tajante a regar con agua del acuífero», ha sostenido el consejero y portavoz, quien ha apelado al «deber moral de legar a las generaciones futuras Doñana en el mismo estado, si no mejor».
«No necesitamos que nos sigamos tirando Doñana a la cabeza», ha sostenido el consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz, quien ha instado a «la salvaguarda» de lo que ha descrito como «el gran referente de los Espacios Naturales Protegidos», convencido de que «no se merece esta confrontación permanente».
Sobre que esta Proposición de Ley sea benévola con los agricultores infractores, el consejero y portavoz ha sostenido que tanto en departamentos de la Administración del Estado como de la Junta de Andalucía «hay abiertos muchísimos expedientes sancionadores en esa zona», para considerar que «en absoluto dice la Proposición de Ley que se vaya a archivar».
«No es amnistía, hay muchísimos expedientes, ninguno se va a archivar, no se va a perdonar ninguna de las sanciones», ha continuando afirmando al respecto Fernández-Pacheco, antes de decir que «todo el que se haya leído la Proposición de Ley sabe que no se perjudica a Doñana», así como que «todos estamos de acuerdo en que el acuífero está sobreexplotado».
Fernández-Pacheco ha apuntado que «hay una línea roja que es infranqueable: el acuífero no se toca», para esgrimir entonces que «si hay infraestructura para que las aguas superficiales lleguen tendrán vías de solución», en una referencia a que la Proposición de Ley reclama el trasvase de 19,99 hectómetros de la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras hacia la del Guadalquivir.
Sobre el encuentro de representantes del Gobierno andaluz con la Comisión Europea, ha defendido que «nos emplazamos a que la Comisión visitara Doñana», mientras que ha puesto sobre la mesa del convencimiento de que «tendremos menos problemas con la Comisión Europea si vamos todos juntos, unidos, diciendo que nadie quiere perjudicar a Doñana» para reclamar que «cada uno aporte medidas para que eso no suceda», además de considerar «ir a Bruselas 25 veces a explicarlo», así como «si tienen que venir ellos se les explicará que no se perjudicará Doñana».
Fernández-Pacheco ha afirmado que en la Junta de Andalucía «hablamos constantemente» con el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, a lo que ha sumado la necesidad de convocar este órgano, del que ha apuntado que «no será este Gobierno quien lo menosprecie», convencido de que «es muy importante».
Ha desechado explicar por qué el Grupo Parlamentario Popular ha elegido la tramitación de la Proposición de Ley por la vía de urgencia al plantear que «esa pregunta es para el grupo parlamentario», así como en su caso es que «ni siquiera soy parlamentario», aunque seguidamente ha dicho entender la elección de una tramitación parlamentaria que acorta plazos «porque la situación es muy urgente», antes de indicar que «no es el Gobierno el que decide cómo se tramita».
«La acción de gobierno no consiste en esquivar los marrones», ha continuado apuntando Fernández-Pacheco, quien ha demando «dar soluciones a las personas que lo están pasando mal», antes de esgrimir que la Proposición de Ley «solo está registrada» y a plantear que ahora queda por delante la fase de «las alegaciones, de las propuestas» para «enriquecer» el texto conjunto de PP y Vox.
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