El juicio, para el que de momento no hay nueva fecha, se dirigía además hacia otras tres personas como promotores y constructores de obras que se habrían acometido sin los adecuados permisos y para los que la Fiscalía pide dos años de prisión a cada uno.
Conforme al escrito provisional del Ministerio Público, consultado por Europa Press, tanto el primer edil como el responsable de Urbanismo habrían autorizado «verbalmente» en 2014 unas obras «con pleno conocimiento de la ilegalidad» de las mismas mientras que habría además omitido «toda inspección a sabiendas de que se estaba construyendo fuera de licencia» otra obra más de rehabilitación.
Por una parte, algunos de los acusados solicitaron la rehabilitación de vivienda, declarada en situación legal de fuera de ordenación en fecha 14 de octubre de 2013, partiendo de la reconstrucción de una obra antigua en estado «de evidente deterioro» cuya estructura y cimientos se iban a respetar.
De este modo, se pidió y concedió en fecha 4 de febrero de 2014 licencia municipal para llevar a cabo dicha actividad. No obstante, en una inspección llevada a cabo por agentes del Seprona en junio de ese año, se detectó que lo que «se estaba ejecutando era una demolición seguida de obra completamente nueva y levantada junto a la que se pretendía rehabilitar y sin ningún parecido con la original».
El fiscal sostiene que los acusados «llevaron a cabo las obras a sabiendas de que se asentaban sobre suelo no urbanizable de carácter natural o rural» y que de que «se estaba burlando el contenido de la licencia y de que no eran autorizables las mismas».
De otro lado, se identificó a otro vecino quien procedió a realizar obras consistentes en cambio de tejado y renovación de interiores de una edificación «a sabiendas de que estaba situada en suelo no urbanizable de especial protección», por lo que fue denunciado por los agentes del Seprona en julio de ese mismo año.
En este caso, además, el acusado «no había solicitado formalmente licencia para la realización de dichas obras, que no son autorizables», si bien la superficie «se amplió de forma poco significativa con una pequeña nueva estancia».
En otra parcela, además, «procedió a realizar obras consistentes en remodelación completa de la edificación allí existente, a sabiendas de que estaba situada en suelo no urbanizable de especial protección».
Las obras se encontraban en marcha cuando los agentes del Seprona denunciaron la actuación para la que el acusado «había solicitado formalmente licencia» destinada, en este caso, al «adecentamiento de vallado» cuando en realidad, según el fiscal, había realizado «casi de forma completa unas obras que excedían ampliamente de su solicitud sin que hubiese resuelto su petición el Ayuntamiento».
Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía pide para el alcalde y el edil una multa de 20 meses a razón de 20 euros diarios mientras que para los promotores y constructores reclama una multa de 15 meses por la misma cuantía y su inhabilitación para profesión y oficio ligado con la construcción durante tres años.
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