La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha apostado por «seguir reivindicando y poniendo en evidencia cosas que todavía hoy quedan por conquistar», también por «seguir removiendo los obstáculos que permitan acceder a las actividades en igualdad de condiciones a hombres y mujeres».
Ha señalado que el Edificio Pignatelli «simboliza la lucha por salir adelante de muchas personas que fueron acogidas y estaban condenadas al fracaso en su vida», aplaudiendo «la fortaleza de quienes deciden luchar y no resignarse para salir de la discriminación y el olvido».
El Estatuto de las Mujeres Rurales es «una iniciativa crucial para combatir un doble fenómeno, la discriminación que sufre la mitad de la población y también, a partir de políticas proactivas y de discriminación positiva, combatir la despoblación con la posibilidad de que las mujeres puedan permanecer en sus municipios», recalcando que «en muchas ocasiones las mujeres sufren un doble castigo, la discriminación entre géneros, común en el medio rural y urbano, y también la merma de algunos servicios que pueden tener en las ciudades».
«Con el Estatuto de las Mujeres Rurales aspiramos a la igualdad efectiva en las áreas menos pobladas para el desarrollo sostenible y para frenar la despoblación», ha manifestado la consejera, defendiendo la «obligación moral» de los Gobiernos a este respecto y la necesidad de «poner en marcha instrumentos que creen mejores oportunidades en el medio rural, también romper los roles de género».
Ha abogado por «valorar la labor que realizan las mujeres en los pueblos y garantizar las mismas condiciones para que las mujeres puedan acceder a los roles de los hombres».
El anteproyecto de ley es fruto del diálogo entre los Departamentos de Presidencia y Agricultura, también de la participación de numerosas asociaciones y entidades de este ámbito, destacando el trabajo realizado por la Mesa de Trabajo de las Mujeres Rurales.
Pérez ha comentado que en el sector agroganadero «la proporción de mujeres titulares no se corresponde al trabajo real que realizan», por lo que una de las medidas a acometer es promover su acceso a la titularidad de las explotaciones, también la incorporación de mujeres jóvenes al sector.
La titular de Presidencia ha señalado que el actual modelo de reparto de tareas perjudica el desarrollo personal y profesional de las mujeres ya que dedican más del doble de tiempo que los hombres a los cuidados y el trabajo doméstico, solicitando el 90 por ciento de las excedencias para el cuidado de los hijos. Además, ha urgido a dar un tratamiento específico al acoso sexual y sexista en el medio rural, con «características especiales».
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