Los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó han esgrimido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que están amparados por la inviolabilidad parlamentaria en el juicio por presunta desobediencia que se repite a partir de este martes.
Lo han expuesto los abogados Judit Gené --que representa a Corominas, Barrufet y Guinó-- y Raimon Tomàs --que representa a Simó-- en el trámite de cuestiones previas de la primera jornada del juicio, y los dos letrados también han sostenido que la Abogacía del Estado no debería ser acusación en la causa por falta de legitimación.
Los cuatro acusados ejercieron su cargo bajo el mandato de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y están enjuiciados por un presunto delito de desobediencia al tramitar resoluciones y leyes relacionadas con el proceso independentista y que contravenían la doctrina del Tribunal Constitucional (TC).
En este sentido, Gené ha reprochado que «no es posible sustentar que el derecho de un diputado a votar está protegido por la inviolabilidad, y que el permitir que se vote no está protegido por la inviolabilidad».
«Mis clientes están aquí sentados ni más ni menos que por votar a favor de que el Parlament pudiera votar unas leyes», ha continuado Gené, y ha afirmado que la Mesa se limitó a permitir un debate parlamentario.
Los cuatro acusados ya fueron juzgados en julio de 2020 y el TSJC les condenó a 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros --la misma pena que la Fiscalía pide para ellos ahora-- y el juicio se celebra de nuevo por orden del Tribunal Supremo (TS), que consideró que dos de los tres magistrados que juzgaron el caso habían vulnerado el principio de imparcialidad al exteriorizar sus posturas antes de dictar sentencia.
Entonces también fue juzgada la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que resultó absuelta y contra quien no se repite el juicio, y respecto a la condena anterior Gené ha criticado que «el TS ha tardado más de dos años en anular este juicio, lo cual significa que la pena estaría cumplida con creces», y ha añadido que esto puede implicar una atenuante de dilaciones indebidas y una vulneración de derechos fundamentales.
Ya no son aforados
Por su parte, Tomàs también ha argumentado a favor de la inviolabilidad parlamentaria y ha cuestionado que el TSJC sea el tribunal competente para enjuiciar el caso, dado que ninguno de los acusados es aforado actualmente y, en el caso de su defendida, ha señalado que no lo es desde enero de 2018.
También en el trámite de las cuestiones previas, el fiscal ha pedido añadir como prueba el programa electoral de JxSí --lista en la que concurrieron Corominas, Barrufet y Guinó--, la Abogacía del Estado ha pedido incluir a la causa todas las resoluciones dictadas durante el recurso en el Supremo para acreditar que el procedimiento no ha sido paralizado.
La acusación popular que ejerce Vox ha recordado que retiró la acusación por un presunto delito de organización criminal y mantiene solo la desobediencia, como ya hizo en el primer juicio.
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