En un comunicado, OCU ha explicado que, tras el cambio normativo que prohíbe a las compañías de electricidad formalizar contratos en los domicilios de los clientes -salvo que el propio consumidor así lo solicite-, las prácticas «agresivas, poco transparentes y engañosas» se han trasladado a la comercialización telefónica que realizan «asesorías energéticas» subcontratadas por esas mismas compañías, según ha denunciado la Delegación en el País Vasco de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
«La falta de transparencia suele manifestarse desde un primer momento, ya que, en dos de cada tres llamadas comerciales, ni siquiera aparece el número de teléfono de la empresa que está llamando, tal y como denunció OCU recientemente», ha recordado.
Además, ha apuntado que, incluso cuando el número se visualiza, tampoco es una ayuda para identificar a los responsables, ya que un consumidor no puede identificar a una empresa a partir del número de teléfono. «Es más, si se solicita que se identifique a la empresa que efectúa la llamada, en el mejor de los casos se indicará para la compañía para la que está prestando el servicio», ha indicado.
OCU ha agregado que, una vez que se coge la llamada, estas «asesorías energéticas» argumentan «falsamente» que el usuario está pagando tarifas muy elevadas (o bien que están a punto de encarecerse), que la normativa o las condiciones del contrato cambian o que su actual compañía va a pasar a designarse con el nombre de otra para la que le van a conseguir mejores condiciones.
Además, ha subrayado que, en muchos casos, estas «asesorías energéticas» cuentan, además, con datos personales del usuario que figura como titular del contrato, sobre la dirección de la vivienda o incluso de sus datos bancarios, lo que «da credibilidad a los falsos argumentos que se esgrimen para invitarle a cambiar de compañía de electricidad».
OCU País Vasco ha agregado que los problemas que afrontan los usuarios afectados son «numerosos, ya que, en muchos casos, el consumidor no recibe el contrato suscrito, ni las siguientes facturas en papel, sólo recibos y cargos bancarios en su cuenta corriente,» en los que resulta difícil incluso conocer cuál es la nueva compañía a la que se ha producido el cambio de contrato".
Además, ha precisado que, tras «descubrir el engaño», muchos vuelven a su anterior compañía, pero «con unas condiciones más gravosas que las que tenían contratadas inicialmente». «Es más, a veces se enfrentan a amenazas de la compañía que indujo el cambio sobre el cobro de sustanciales penalizaciones que pueden superar los 200 euros si han incluido servicios de mantenimiento», ha manifestado.
OCU ha señalado que, si bien gran parte de estas prácticas las realizan subcontratas, ha instado a las compañías de electricidad para que auditen sus procedimientos de captación, ya que podrían ser «imputadas por responsabilidades derivadas del engaño que supone para los consumidores y el perjuicio que les pueda generar».
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