Más de 1.000 funcionarios interinos, 1.040 según las cifras ofrecidas por la oposición, podrán perder su empleo en la Administración tras concluir esas ofertas de estabilización de empleo público de 2017 y 2019, por cuanto serán reemplazados por los opositores que han superado estas convocatorias y accederán a esas plazas.
Nieto ha indicado que son empleados públicos que no han superado la fase de oposición y que un 20% de éstos no participó en éstos y ha planteado que el Gobierno andaluz trabaja en disponer de «una bolsa preferente» para esos interinos y a quienes se les ofrecerá las vacantes que queden.
Ha abogado por «ganar el apoyo del Ministerio para incluir por la vía de concurso todas las vacantes», antes de reclamar a los grupos que «vamos a intentar ayudarles juntos, vamos a unir esfuerzos para que esto no vuelva a suceder».
El consejero de Justicia ha escuchado de boca del PSOE, por medio de su parlamentario Victor Torres, el reproche de que «el Decreto Ley que trajeron para convalidar traía problemas», por lo que ha concluido que «no estrujaron la posibilidad de la Ley 20/2021» y ha ofrecido a Nieto la disposición de su partido «a explorar todos los mecanismos», entre los que ha incluido «cambiar la ley» y ha considerado que «la Ley de Función Pública puede aportar».
Nieto ha defendido que «las primeras plazas por oposición y méritos se hizo la pasada legislatura con el Gobierno de Juanma Moreno» y que «los procesos de consolidación se anticiparon a la legislación nacional», para advertir de que «el Gobierno de Pedro Sánchez no hizo nada hasta 2021».
El consejero ha explicado que el actual Gobierno concibió un modelo de concurso-oposición, donde el examen de la oposición representaba el 60% de la nota del opositor y el 40% restante los méritos de trabajo en la Administración.
«Quieren teta y sopa», ha llegado a decir al Grupo Socialista, por cuanto les ha atribuido que les dan la razón indistintamente de que se sienten con los funcionarios interinos y con los llamados funcionarios fantasmas.
Nieto ha explicado que se convocaron 46 cuerpos dentro de la oferta de estabilización de 2017-19, con 10 de ellos pendientes de ser resueltos y ha indicado que esta semana se han remitido al BOJA los nombramientos de los cuerpos de la Especialidad Desarrollo Agrario y Pesquero y de Ayudantes Técnicos de la Junta de Andalucía, que prevén se incorporen a partir del 31 de marzo.
El consejero de Justicia ha esgrimido que la Junta debe ajustarse «a la legalidad», por lo que ha esgrimido que «no voy a incumplir la ley, su ley» por argumentar que «eso no es responsable» y ha pedido a los grupos de la oposición que «no podemos jugar con los sentimientos de la gente».
Los grupos
El parlamentario del PP Juan Bueno ha defendido que el actual gobierno andaluz «ha regularizado a más de 60.000 interinos» para preguntarse seguidamente «en qué situación estábamos, dónde nos había dejado el PSOE», para advertir también a los grupos de la oposición de que «no se puede adjudicar plazas a personas concretas» y reprocharle, como en el caso del PSOE, que «le están diciendo que sí a todo el mundo».
El socialista Victor Torres Caballero, quien ha denunciado que «a más de 1.000 personas se les está comunicando su cese tras más de 30 años de servicio» y que entre éstas «había un alto porcentaje de mujeres», ha recriminado al consejero de Justicia que «nadie ha optado por la solución que perjudica a los interinos como está haciendo usted», al tiempo que ha demandado a Nieto que «no quieran enfrentar a estas personas con los opositores denominados fantasmas».
«No juegue a ese enfrentamiento», ha proseguido afirmando, antes de defender que «la voluntad de este grupo es que se adopten soluciones», convencido de que «puede haber alternativas».
El diputado de Vox Benito Morillo, quien ha atribuido al PSOE ser «los causantes de que 1.000 familias se vean en la calle» por cuanto ha sostenido que «los funcionarios interinos le salían baratos porque podían manejarlos», de igual forma le ha planteado a Nieto que «las soluciones que ofrece su Consejería tampoco son las más acertadas», para indicarle como reproche que «han puesto en el mismo saco a los funcionarios públicos que al personal laboral», así como el interés por «estabilizar a muchos de los enchufados por el socialismo, enchufados de la Faffe blindados antes de que se extinguiese».
«Están ofertando plazas a extinguir», ha asegurado también Morillo.
La portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha considerado que la estabilización del empleo temporal en la Administración «España no sale muy bien parada de este juicio y no salen bien parada Andalucía», para reprochar entonces al Gobierno andaluz que «dentro del margen de la ley», en referencia a la estatal 20/2021, «han podido hacer las cosas mejor de lo que se han hecho».
Gómez ha detallado que de las ofertas de empleo de estabilización de 2017 y 2019 «fueron 1.440 plazas y que sólo se consolidaron 200 personas», para argumentar que a la Junta de Andalucía «le ha faltado voluntad política» y que «se ha cumplido a rastras». Ha explicado que de los 1.040 interinos afectados por ese proceso de estabilización, tan solo se han convocado 500 plazas y advertir de que eran «menos plazas que consolidar que personas en situación excepcional».
La presidenta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, le ha reconocido al consejero de Justicia que «usted le echa la culpa al PSOE y le voy a dar la razón: es un problema heredado», aunque de igual forma ha apuntado que se trata de «la segunda legislatura» del PP y que por ello «las soluciones las tienen que poner usted».
Mora ha lamentado que estos interinos se encontraban «en fraude de ley» y que ahora «se quedan en paro» para preguntarse «qué hacen ahora» por cuanto «su currículum entero es haber trabajado para la Administración», por lo que ha advirtido de la situación de «mujeres de 55 años que han trabajado toda su vida en la Administración y se les está abocando a un paro definitivo».
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