El nuevo convenio colectivo de la Administración General de la Diputación General de Aragón extenderá a la mayoría de los 11.924 trabajadores afectados la jornada laboral de 35 horas. El acuerdo entrará en vigor en los próximos días, con su publicación en el BOA, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.
Quedarán al margen de la norma general de las 35 horas semanales las personas que prestan servicios en centros de trabajo abiertos las 24 horas del día, con un sistema de turnos en tres tramos, y tendrá un complemento de especial dedicación el personal de servicios auxiliares, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y las enfermeras, acercando sus retribuciones a las que percibe el personal sanitario del SALUD por un trabajo similar, beneficiándose 900 personas, que trabajan en categorías muy feminizadas.
El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, y el director general de Función Pública, Esteban del Ruste, han firmado el acuerdo junto con los representantes de CCOO, Paco González; UGT, Alicia Hernández; y CSIF, Yolanda Mediel.
En rueda de prensa, Pérez Anadón ha hecho notar que han pasado 16 años desde que se firmó el anterior convenio y ha celebrado la aprobación de la jornada de 35 horas, «un logro de toda la comisión negociadora», que ha llevado a cabo «un trabajo muy de precisión», tras lo que ha destacado la creación de un complemento de igualdad de género para los colectivos más feminizados, el personal de educación infantil --48,04 euros más al mes-- y el de limpieza --39,30 euros más al mes--.
También se incluye el complemento de jefatura de parque de maquinaria para celadores de obras públicas, que se percibirá con independencia del número de empleados a cargo, y se reconoce al personal de conservación y mantenimiento de carreteras una jornada especial de 1.690 horas al año.
Los pluses de domingos y festivos pasan a ser de 53,76 euros por jornada completa de trabajo y se mejora el plus por trabajar el 24 y el 31 de diciembre, que pasa a 107,52 euros por jornada completa trabajada.
En cuanto a los permisos, se reconoce el permiso para acudir a clases para preparación del parto y para la realización de exámenes prenatales al cónyuge o pareja, siempre que realice el acompañamiento y se extiende el permiso para asistir a reuniones de coordinación, tanto en centros de educación especial como en centros socio-sanitarios, mientras que los permisos por razones particulares se amplían de 6 a 8 días, pudiendo disfrutarse dos de ellos en medias jornadas, y a cambio se elimina el permiso de dos días para conciliación.
El nuevo texto se adapta al Plan de Igualdad, recogiendo los permisos, previstos ya en este plan, como el permiso para mujeres embarazadas a partir del primer día de la semana 37 de embarazo hasta el parto, el permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción, de 16 semanas, el permiso por lactancia y el destinado a unidades familiares monoparentales.
Por otra parte, el convenio desarrolla todo el régimen disciplinario del personal laboral, articulando tanto la tipología y gravedad de las faltas, como el procedimiento a seguir para la tramitación de un expediente disciplinario. También establece un día adicional de vacaciones a las personas de 35 años o más de trabajo reconocido.
El convenio «sigue haciendo bandera de las víctimas de la violencia de género, apuesta por la conciliación y por las medidas lógicas de mejora de las condiciones de trabajo», ha explicado Pérez Anadón, quien ha añadido que también se desarrollará el teletrabajo, que no estaba regulado en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) vigente, de hace 26 años.
Generar derechos
Este acuerdo está orientado a «conseguir una función pública fuerte y responsable» y deja claro que la función pública «acaba generando derechos y siendo punta de lanza para generar derechos que los trabajadores siguen demandando en otros sectores».
Paco González (CCOO) ha señalado que «siempre se habla de sanidad o educación y muy pocas veces de las personas que garantizan los suministros cada día y cada mes, y son 12.000 personas a las que les afecta la nueva regulación», esgrimiendo que el nuevo convenio colectivo está «impregnado del espíritu de igualdad», en referencia expresa al nuevo complemento de igualdad retributiva, para los sectores mencionados, porque «la desigualdad sutil golpea al 70 por ciento de la plantilla».
Alicia Hernández (UGT) ha puesto de relieve la homologación de las condiciones laborales entre el personal laboral y funcionarial, manifestando que «es un convenio moderno» y contribuye a «ahondar y profundizar en la corresponsabilidad y la conciliación».
El convenio «viene a mejorar las condiciones laborales para todos los trabajadores», ha continuado Hernández, mencionando la reducción de jornada y el reconocimiento del teletrabajo, al tiempo que destopa «todas las cuestiones que el Decreto de Rajoy nos había bloqueado».
Yolanda Mediel (CSIF) ha dicho que el anterior convenio colectivo se había quedado «obsoleto» y ha mencionado algunos aspectos del acuerdo firmado este lunes, como el impulso a la prevención de riesgos laborales, la conciliación laboral, lo que «puede actuar de palanca para que el resto de la sociedad se adapte a los tiempos modernos, no solo la Administración».
El director general de Función Pública, Esteban del Ruste ha afirmado: «Todos hemos trabajado con responsabilidad, todos hemos cedido algo y al final ha salido un doble documento», el convenio colectivo, que atañe a 3.500 trabajadores, y el acuerdo de homologación de condiciones de trabajo, que alcanza hasta los 12.000 empleados de la Administración General.
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