Ha sido el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, el encargado de informar en rueda de prensa de esta operación bautizada como Andura-Plazoleta, y que se ha desarrollado en los últimos meses con la colaboración también de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.
«Se trata de una investigación de mucha envergadura y trascendencia, porque se ha cortado una de las principales vías de transporte de droga desde Andalucía hasta el centro de Europa», ha dicho Fernández. Se trata de «una organización que tenía una enorme capacidad para enviar sustancias estupefacientes a países como Francia o Alemania, y que también había creado una gran estructura para blanquear los enormes beneficios que obtenía».
Las 16 personas arrestadas hasta ahora han ingresado en prisión preventiva por orden del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Andújar (Jaén), que ha dirigido la investigación. A los detenidos se les han imputado inicialmente delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, organización criminal, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.
El delegado del Gobierno ha felicitado expresamente a los responsables de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria por una operación que ha calificado como «sobresaliente». «Han protagonizado una investigación muy laboriosa pero, a la vez, muy meritoria, ya que se ha realizado un esfuerzo operativo muy importante a lo largo de los últimos meses», ha dicho el delegado.
Las investigaciones comenzaron en septiembre del año 2022, cuando los investigadores de la Guardia Civil y de la Policía Nacional obtuvieron indicios de la actividad criminal que desarrollaba la organización, así como de su operativa de blanqueo de capitales.
Los agentes averiguaron que al frente del entramado criminal estaría un grupo de ciudadanos españoles asentados en la provincia de Jaén que, presuntamente, se dedicarían a la adquisición, preparación y distribución de importantes cantidades de sustancias estupefacientes con destino a distintos países europeos. Para ello, empleaban camiones de gran tonelaje, con los que realizaban transportes legales al extranjero. Los vehículos se encontraban totalmente diseñados preparados para ocultar la droga en departamentos camuflados, conocidos como 'caletas'.
Para abastecerse de las distintas partidas de estupefacientes que, después, transportaban, los líderes del grupo realizaban numerosos y frecuentes desplazamientos por distintos puntos de Andalucía para contactar con proveedores de marihuana y hachís, además de contar con una producción propia de marihuana.
Los considerados cabecillas de la organización --un vecino de Mengíbar, pero residente en la Costa del Sol, y un vecino de Andújar-- gozaban de un elevado nivel de vida, que no se correspondía con sus ingresos económicos lícitos. No obstante, para dar apariencia de legalidad a esas cuantiosas cantidades, utilizaban empresas de distinta índole, con el objetivo de blanquear los beneficios, tales como corredurías de seguros, establecimientos de compraventa de coches o sociedades de alquiler de vehículos sin conductor.
En este sentido, el delegado del Gobierno ha destacado el amplio estudio económico-financiero practicado por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, que ha permitido la detección y la desarticulación de las complejas estructuras de blanqueo de capitales, diseñadas por los detenidos, así como las actuaciones de localización e inmovilización de los activos financieros.
Pedro Fernández ha explicado que, en el transcurso de la investigación, se han realizado tres interceptaciones de las partidas de drogas que tenían como destino países del centro de Europa, las tres en apenas un mes, entre finales de enero y finales de febrero. En la primera, registrada en la provincia de Alicante, los agentes de la Guardia Civil intervinieron 66 kilos de marihuana envasada al vacío, en paquetes de un kilo aproximadamente. La mercancía estaba oculta en un doble fondo practicado en un semirremolque. Esa intervención se realizó en las instalaciones de una empresa en la que el camión se encontraba preparando una carga legal con destino a Alemania.
La segunda interceptación se produjo en la localidad francesa de Le Boulou, por parte de las autoridades galas. En esa ocasión, el camión llevaba 370 kilos de hachís ocultos en un doble fondo y camuflados con mercancía legal. Su destino final era la zona de los Alpes franceses.
Por último, componentes de la Policía Nacional intervinieron en el peaje de Irún otros 329 kilos de hachís, escondidos en una 'caleta' en el semirremolque de un camión que se dirigía hasta Francia. Los tres transportistas fueron arrestados. A partir de ahí y ante las sospechas de que estaban siendo investigados, la organización dejó de producir marihuana y cesó, igualmente, su actividad para hacer acopio de hachís a los distintos proveedores.
Como denominador común de todos los envíos, los agentes comprobaron que todos los camiones realizaban las cargas de droga en una finca situada en la localidad granadina de Chimeneas, y que era propiedad de un vecino de Jun, también en Granada, y que es uno de los detenidos. Las indagaciones realizadas por la Guardia Civil y la Policía Nacional permitieron la localización de las distintas infraestructuras en las que se cultivaban la marihuana y se procesaban los envíos de la droga.
Tanto las naves como los camiones utilizados para el transporte eran costeados por los cabecillas de la organización, bien porque eran los propietarios o porque pagaban los alquileres. También se han desmantelado plantaciones indoor gestionadas por otros miembros de la organización, subordinados a los supuestos líderes, en localidades jiennenses como Linares o Mengíbar.
Una vez que se interceptaron los tres camiones, los investigadores encaminaron las pesquisas a la fase final de explotación, que se desarrolló la pasada semana, con la realización de 31 registros simultáneos en viviendas particulares, empresas, naves y fincas de Andújar, Linares, Mengíbar, Chimeneas, Jun, Alhaurín de la Torre (Málaga) y Fuengirola (Málaga).
En conjunto, la operación Andura-Plazoleta ha permitido intervenir unos 750 kilos de hachís, 77 kilogramos de cogollos de marihuana, un kilógramo de metanfetamina y sustancia de corte. Igualmente, se han localizado útiles y materiales para el etiquetado, el envasado, el pesaje y la comercialización de las sustancias estupefacientes.
Los agentes también han decomisado dos armas cortas y tres armas largas --una de ellas robada--, y chalecos antibala; 125.775 euros en metálico, objetos de lujo producto de la actividad criminal, así como vehículos de alta gama y camiones de gran tonelaje utilizados para el transporte. «Contaban con estas armas para su protección individual frente a otras organizaciones», ha señalado el delegado del Gobierno.
Además, y tal y como ha apuntado el representante del Ejecutivo en la comunidad, se ha bloqueado bienes por valor de 1,5 millones de euros en bienes inmuebles y en cuentas corrientes. «La investigación continúa todavía abierta. Es probable que se produzcan otras detenciones relacionadas con las actividades de blanqueo y que esa cantidad aumente considerablemente», ha concluido Pedro Fernández.
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