La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, este jueves departiendo con diputados antes de comenzar su comparecencia en comisión. | Francisco J. Olmo - Europa Press

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La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha defendido este jueves que el actual Gobierno andaluz ha seguido un procedimiento de contratación en el que «ha cumplido la norma, ha sido totalmente legal», así como éstas se han ejecutado «en tiempo y forma», a lo que ha sumado una denuncia contra la gestión heredada de gobiernos socialistas con «casi 28 millones tirados que hemos tenido que pagar todos», en alusión a la rescisión de contratos de obras no realizadas.

Carazo ha comparecido en comisión parlamentaria, a iniciativa del PSOE, para explicar los contratos de conservación y mantenimiento de carreteras de la red autonómica, en sus últimos días como consejera por cuanto será la candidata del PP a la Alcaldía de Granada.

La parlamentaria socialista Isabel Ambrosio ha considerado sobre las explicaciones de la responsable de Fomento que «se le nota incómoda con este asunto» para proclamar que «se le está atragantando el caso contratos de emergencias en sus últimas horas como consejera».

El sustento de la acusación del PSOE sobre el procedimiento de adjudicación de contratos de emergencia para atender la reparación de carreteras ha sido tres adjudicaciones de contratos en la provincia de Cádiz del Gobierno andaluz a la empresa Barbeal por valor de 4,1 millones de euros, informaciones que ha ido difundiendo la Cadena Ser Andalucía.

Sobre la adjudicación a esta empresa ha apuntado el PSOE tres preguntas, «por qué, cómo y quién», tras poner como ejemplo de una contratación de emergencia las obras en una carretera de Sierra Nevada (Granada) por desprendimientos, circunstancia que, a su juicio, no se cumplía en los tres contratos de Barbeal que ha recibido en la provincia de Cádiz y considerar que las adjudicaciones a Barbeal ha respondido a «un estilo de corta y pega con el mismo argumento forzado» para «asegurarse una adjudicación directa y evitando expedientes de contratación».

La socialista Isabel Ambrosio ha trazado un perfil de Barbeal donde ha apuntado que se trata de una empresa que no figura en el Registro de Licitadores del Estado, que no presentó sus cuentas en el Registro Mercantil en los ejercicios 2021 y 2022, que concluyó el ejercicio 2020 con cero euros para obrarse «el milagro en 2021 de que abandona las pérdidas para tener unos beneficios de 1,1 millones».

A esto ha sumado el hecho de que la actividad declarada de la empresa son «los restaurantes» y preguntarse entonces que «quién invitó a esta empresa con estas credenciales para presentarse a estas tres vías».

Tras mostrar una fotografía de un domicilio particular de Jerez de la Frontera (Cádiz), como sede de una empresa, y considerar que «esta foto valen más que 1.000 palabras mías», Ambrosio ha defendido que Barbeal con sus 4,1 millones en obras adjudicadas representa un 7% de contratación de emergencia de la Junta, y ha considerado que el Gobierno andaluz «está intentando hacer lo posible que se olvide, hacer todo lo posible para que nadie se entere», antes de recordar que en el contrato que se le adjudicó en la A390 que la legislación prohibía «subcontratar a otras empresas» y preguntarse «quién es el padrino, la madrina» que había invitado a Barbeal a optar a esas obras.

Carazo: 610 contratos desde 2019, 81 de emergencia

La consejera de Fomento ha explicado que su departamento ha destinado a conservación de carretera desde 2019 500 millones de euros para 610 contratos, mientras que se han acometido 81 obras de emergencia por valor de 63 millones de euros.

Carazo ha sostenido que esos 610 contratos se han realizado «cumpliendo exquisitamente los requisitos legales de la Ley de Contratos del Sector Público», mientras que ha blandido «las revisiones oportunas de los letrados de la Junta de Andalucía y los interventores».

La responsable de Fomento ha reprochado al PSOE que «haya puesto el foco en tres adjudicaciones de obras realizadas en tiempo y forma», mientras que Barbeal supone un 2% de los contratos, de manera que ha reivindicado que «las obras se han realizado en tiempo y forma».

Carazo ha sostenido que «la Ley de Contratos dice que no es necesaria la inscripción en el Registro de Licitadores», al tiempo que ha defendido que «la Administación invita», a lo que ha sumado que el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público «permite la contratación verbal para obras de emergencia», aunque ha indicado que «la Consejería lo hace por adjudicación invitando a las empresas» y ha argumentado que «es libre concurrencia, no contratos a dedo».

«Ocho licitadores invitados para contratos de emergencia, pese a que permite adjudicar» de forma directa, ha afirmado Carazo, quien ha defendido «invitar al mayor número de empresas posibles, que sean de la provincia, invitan las Delegaciones Provinciales».

«Muy pocas administraciones son tan garantistas con los procedimientos», ha afirmado la responsable de Fomento, quien ha acusado al PSOE de que en su etapa «pocas obras se acababan a tiempo», mientras que ha esgrimido que Barbeal «ha comunicado que ha cumplido la legalidad» y se ha lamentado de que «se desconfía de sus capacidades, de una mujer» y de «una campaña de descrédito de la empresa».

El psoe adjudicó en 2018 49 contratos por 32 millones

La consejera de Fomento ha reprochado al PSOE que en 2018 adjudicó 49 contratos por 32 millones licitados y ha señalado que «en un año adjudicaron más de la mitad que ha tenido esta Consejería en cuatro años», y a partir de ahí ha hecho un relato de prácticas de los gobiernos socialistas, entre los que ha incluido las bajas temerarias, la adjudicación de una obra por debajo de su precio de licitación, los ha calificado como «los reyes de las obras fantasmas, se pagaban y no se hacían», además de la rescisión de los contratos de obras que no se realizaron, entre las que ha incluido 17,7 millones en la Autovía del Almanzora o 9 millones de la Darro-Iznalloz, para sumar ese total de casi 28 millones.

Tras esgrimir también otros episodios heredados como «obras hechas y no pagadas», junto con que «el Gobierno socialista encargaba de forma verbal y no pagaban» y que «eso es impensable en el actual Gobierno», Carazo ha argumentado que «no todos somos iguales» para apuntar seguidamente que «entiendo lo que están haciendo, llegan las elecciones, aspiro a ser alcaldesa de Granada, y quieren que la gente piensen que todos somos iguales».

«Nosotros no hacemos lo que ustedes hacían», ha dicho Carazo, quien ha proclamado que «no van a conseguir desprestigiar a este Gobierno ni a este consejera», convencida de que «hemos cumplido con la legalidad y los andaluces, nos auditamos a diario, hemos puesto negro sobre blanco».