Salado acusa al Gobierno de "tirar dinero" con "parches" en las playas y critica la gestión de los Next Generation

«Las playas van a estar fantásticamente bien porque los alcaldes del litoral malagueño se encargan de ello, no el Gobierno», ha asegurado Salado en un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol y con el patrocinio de Cepsa y Atlantic Copper.

Así, ha dicho no entender que el Gobierno en esa estrategia de estabilización de playas, «donde puso el nivel urgente en 2030, que estaremos todos calvos», había solo dos o tres del litoral malagueño «cuando son todas las que hay que estabilizar».

«El Gobierno está por no estabilizar playas, sino por quitar cosas, quiere quitar los chiringuitos, los paseos marítimos; una mentalidad que va en contra de lo que es proteger nuestro patrimonio de industria turística», ha señalado, apuntando que «si tuvieran la voluntad de estabilizar nuestras playas cogería la mano tendida que le ha puesto la Junta de Andalucía, la Diputación, la Mancomunidad Occidental y los ayuntamientos» para elaborar los proyectos e incluso financiar las actuaciones.

Al respecto, ha apuntado que ya se lo ha manifestado al secretario de Estado y a la ministra, «que la Diputación está aquí para poner dinero sobre la mesa». En su intervención, ha señalado que «no podemos estar todos los años poniendo parches», por lo que ha dicho no entender «que el ministerio no nos deje hacer nada para proteger nuestras playas».

«Sobre todo porque, en cambio, ha autorizado a la carrera un megaparque eólico en aguas del mar de Alborán, frente a Fuengirola, Marbella y Estepona, sin oír a los ayuntamientos», ha lamentado el presidente provincial.

Salado ha afirmado que esa estabilización no será posible hasta que haya un cambio de Gobierno, «que lo habrá»; y ha expresado que «tenemos que luchar del cambio climático pero protegernos de las consencuencias». «La lucha contra el cambio climático no es solo poner plantas fotovoltáicas», ha señalado.

Al respecto, se ha referido a la estrategia de los Next Generation y ha considerado que «el Gobierno y la UE no centraron bien las prioridades de la sociedad», apuntando que «tendrían que haber sido mucho más abiertos y amplios y tenía que haber sido una prioridad el transporte ferroviario, la estabilización de playas y la lucha contra la sequía y la optimización de recursos hídricos».

Para Salado, «haber encorsetado tanto los Next Generation ha sido un error y »se está tirando el dinero«, al tiempo que ha señalado que, además de »más amplios«, se debería haber dejado participar »más a ayuntamientos y diputaciones, que son los que conocen las necesidades y problemas de la ciudadanía".

«Veo muchas veces cómo se gastan los Next Generation y pienso ¡qué despilfarro!. Veo anuncios y digo de verdad esas son las prioridades de la sociedad», se ha cuestionado el presidente de la Diputación malagueña.

En cuanto a la sequía, ha expresado su preocupación por la situación. En su intervención, ha destacado la necesidad del trasvase de Iznájar para abastecer a la comarca de Antequera y ha considerado «descorazonador que la solución, ese trasvase, esté bloqueada por el Gobierno, cuando además la Junta de Andalucía está dispuesta a financiarlo».

Ha apuntado que desde la Diputación «hemos hecho y seguimos haciendo inversiones millonarias en la comarca para garantizar el abastecimiento a la población» y también se ha referido a la potabilizadora de Fuente de Piedra, a las ayudas que a Campillos y a las conducciones y pozos financiados.

«La Diputación no se esconde ante ningún problema», ha dicho Salado, quien ha apuntado que «ahí están los 17 millones y medio de euros que hemos puesto sobre la mesa para que los pueblos arreglen las fugas de agua de sus redes municipales». Además, ha asegurado que le consta «que la Junta de Andalucía está invirtiendo muchos millones de euros para que no se tire ni una gota de agua al mar, aprovechando el agua reciclada de las depuradoras para los regadíos en la Axarquía».

Viviendas turísticas

Sobre las viviendas turísticas, ha señalado que «han venido para quedarse y es un recuro más de nuestra industria turística», apuntando que «faltaba esa regulación para apostar por la calidad de ese servicio».

Por eso, ha esperado que «cuando esa ley se ponga sobre la mesa, que tiene el consenso de prácticamente todos los sectores, los ayuntamientos también podamos hacer aportaciones para regular la implantación de este tipo de establecimiento vacacional».

«Era necesario; el Gobierno saca una ley y lo deja al arbitrio de las comunidades autónomas con mucha incertidumbre y los afectados al final siempre son los ayuntamientos», ha manifestado.