Así se ha manifestado Delibes antes de presidir el pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana cuyo único punto del día ha sido, precisamente, el de «información concerniente a la Proposición de Ley 'Mejora de ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)' registrada en el Parlamento de Andalucía».
«Esta iniciativa supone hacer juegos políticos que se parecen al toreo de salón, cuando una situación dramática como la que vivimos en Doñana y en los regadíos requieren tomarse las cosas en serio, agarrar el toro por los cuernos, tomar decisiones probablemente impopulares, gastar dinero y trabajar, todo lo contrario de hacer proposiciones de ley que no se pueden cumplir y que no van a ningún lado», ha valorado.
A este respecto, ha señalado que es «necesario» un pacto entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, ayuntamientos, regantes y conservacionistas para «avanzar en la conservación de Doñana».
En este sentido, ha recordado que en 2014 hubo un pacto en torno al agua que contó con «34 votos favorables y solo cinco en contra, estos últimos pertenecían a organizaciones que luego han apoyado el plan mucho más que los que habían votado a favor».
«Aquello fue un pacto que simplemente no se ha cumplido y si ahora esta ley se aprobara tampoco se cumpliría porque no se solucionan los problemas, como dice esta proposición, si los regantes dejen de regar y esperen durante cinco, diez, veinte o 50 años a que llegue el agua. No va a ocurrir, no lo van a hacer y si lo hicieran pues van a tener los mismos problemas que si dejan de regar sin la PDL», ha abundado.
Por ello, ha insistido en que «así no se arreglan las cosas» y obedece «simplemente a pensamientos mágicos», es decir, «quieren arreglar o cambiar la realidad con buenos deseos, pero no se cambia así, sino trabajando».
Asimismo, Delibes ha detallado que en este encuentro no se va «decidir nada, no se va a votar nada porque no se nos ha pedido», sino que se ha convocado dicha reunión para que las administraciones que «tienen responsabilidad» en la conservación de Doñana, Junta de Andalucía, el Ministerio del Medio Ambiente y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, «informen sobre lo que supone esta proposición de ley y las consecuencias que podría tener para la conservación».
Al respecto, el presidente ha señalado que el Gobierno andaluz mantiene, «con razón», que «no es quién ha hecho la PDL, sino el grupo parlamentario», pero ha reconocido que al Consejo «no había llegado ninguna noticia» y que se habían informado por los medios de comunicación.
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