Llort ha insistido en que su sector no tiene que ver con las plataformas de VTC y ha explicado que actualmente se divide en tres grandes grupos, que se han visto afectados en diversos grados.
El primero está formado por 365 profesionales que tienen la autorización para trabajar, aunque Llort ha lamentado que «con un agravio y una presión muy bestias de la Guardia Urbana de Barcelona», que ha asegurado que sigue instrucciones del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el Ayuntamiento de Barcelona y el Institut Metropolità del Taxi (Imet).
Ha explicado que la ley actual obliga a dos días de fiesta semanales, algo que, según él, servía para igualar las condiciones de las plataformas con el taxi y que el AMB les dio una carta que les exime de esta obligación.
Sin embargo, critica que la Guardia Urbana para a los coches, inspecciona los vehículos y su documentación y les multa a pesar de esta carta «con los clientes dentro, con la mala imagen que esto representa para la empresa y el turismo de Barcelona».
Por otro lado, hay un grupo de entre 150 y 250 autorizaciones que, a pesar de cumplir con todos los requisitos legales, el AMB les dice que hasta dentro de tres meses no se habrá podido revisar la documentación, por lo que no pueden hacer servicios urbanos, que Llort ha situado en el 90% del trabajo.
El tercer grupo está formado por unas 400 autorizaciones que «nunca podrán hacer servicios urbanos» al no tener una declaración urbana de 2019 por ser empresas de nueva creación y no tener oportunidad de hacer una nueva.
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