Bruselas vuelve a alertar a España del riesgo de ampliar regadíos en Doñana y recuerda posibles multas

El portavoz de la Comisión Tim McPhie ha asegurado que se mantiene un diálogo abierto con las autoridades españolas y aunque ha evitado especular sobre cuáles serán los próximos pasos del proceso, ha señalado que, en caso necesario, la Comisión tendrá la posibilidad de adoptar nuevas medidas para garantizar que España cumple la sentencia del TJUE, entre las que se incluyen posibles sanciones monetarias.

Así lo ha señalado después de que este miércoles el Parlamento andaluz haya aprobado, con los votos a favor del Partido Popular y Vox, la toma en consideración de la proposición de ley para aumentar los regadíos en el humedal.

Los servicios comunitarios ya advirtieron el pasado 21 de marzo en una carta remitida a las autoridades españolas por la directora de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, de que si salía adelante la ley promovida por la Junta de Andalucía para regularizar los regadíos se produciría una «flagrante violación» de la primera sentencia condenatoria.

El portavoz ha recordado que la legislación medioambiental de la UE «exige un uso sostenible de los recursos naturales, lo que incluye el agua en particular y que las actividades económicas sean compatibles con la conservación de los espacios de la red Natura 2000».

En este sentido, McPhie ha agregado que los conocimientos científicos y técnicos de los que dispone Bruselas aportan «pruebas sólidas de los efectos adversos de la sobreexplotación de las aguas subterráneas en el ecosistema de Doñana» y es sobre esa base que el Tribunal de Justicia de la UE declaró en junio de 2021 que España había incumplido la obligación de aplicar la normativa europea del agua y que «no estaba evitando el deterioro de los hábitats protegidos en varios espacios Natura 2000 de Doñana».

Un año después de la sentencia de 2021, en julio de 2022, la Comisión envió una carta en la que instaba a España a aplicar todas las medidas necesarias para cumplir la sentencia del TJUE, a la que siguió una nueva misiva a modo de 'ultimátum' este pasado mes de marzo, mientras que ahora la Comisión está examinando las observaciones presentadas por España en respuesta a dicha carta de emplazamiento.