Andalucía rechaza el "intervencionismo" de la Ley de Vivienda y estudiará si vulnera sus competencias para tomar medidas

«De lo contrario, se tomarán las medidas oportunas», han advertido este viernes fuentes del Gobierno andaluz después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya alcanzado un acuerdo con sus socios parlamentarios ERC y Bildu para aprobar esta norma en el Congreso, después de una larga negociación. El acuerdo implica entre otras cosas limitar la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024, así como rebajar el concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas.

Desde la Junta de Andalucía, gobernada por Juanma Moreno (PP-A), han criticado que «la regulación de los precios de los alquileres y la declaración de zonas tensionadas que recoge la Ley de Vivienda son medidas intervencionistas», así como han opinado que la ley es, «además, permisiva con la ocupación ilegal».

«La regulación del precio de los alquileres, que ha fracasado en otros países, es un ataque a la propiedad privada y plantea inseguridad jurídica», han abundado las mismas fuentes, que han subrayado que, «durante los más de cuatro años en los que se lleva hablando de esta Ley Estatal de Vivienda, la Junta de Andalucía ha solicitado en varias ocasiones sin éxito al Ministerio de Transportes que informe a las comunidades autónomas, quienes tienen las competencias, y consensúe con ellas el texto legislativo».

Solicitud urgente de una conferencia sectorial de vivienda

Por ello, Andalucía «va a solicitar con carácter urgente la celebración de la Conferencia Sectorial de Vivienda para que se nos informe de una ley que se ha cocinado a espaldas de las comunidades autónomas, que son las competentes en esta materia y cuyo contenido afectará a sus políticas», ha anunciado la Junta, desde donde han agregado que «hay informes, como el del Consejo General del Poder Judicial, que advierten del difícil encaje de esta ley, dado que las competencias en materia de vivienda son autonómicas».

Además, desde la Junta denuncian que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos «tampoco ha contado con el sentir del sector de la construcción, que ha sufrido mucho tanto en la crisis de 2008 como en pandemia», y sostienen que «no es entendible que no haya diálogo con los directamente implicados y, por contra, el Gobierno de España convenga acuerdos que afectan a todo el país con partidos como ERC o Bildu, que pretenden decidir las políticas de una nación en la que no creen».

«En Andalucía creemos en un modelo bien distinto, que tiene como eje troncal incrementar la oferta de viviendas a precio asequible para que el mercado se autorregule», han apuntado las fuentes del Gobierno andaluz, que reivindican que la Junta ha facilitado en cuatro años «la construcción de 10.000 viviendas en Andalucía, gran parte de alquiler, de la mano de ayuntamientos y promotores públicos y privados».

Finalmente, desde la Junta han avisado de que «las competencias --en materia de vivienda-- son autonómicas y, por tanto, cuando se tenga el texto completo de la ley se supervisará para certificar que no vulnera las competencias de las comunidades autónomas y que se ciñe a la legislación española vigente. De lo contrario, se tomarán las medidas oportunas», han advertido desde el Gobierno del PP-A.