Los sindicatos CC.OO., UGT y CSIT Unión Profesional consideran «insuficiente» el incremento presupuestario anunciado por la Comunidad de Madrid para el contrato de suministro de alimentos en las residencias de la Agencia Madrilñea de Atención Social (AMAS) y cuestionan que llegue a poco más de un mes de las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo.
En concreto, la Comunidad de Madrid licitará un nuevo contrato de suministro de alimentos para las residencias y centros de día de la AMAS que incrementará un 25% el presupuesto para la adquisición de productos y materias primas respecto al actual --hasta los 26 millones anuales--, con el objetivo de hacer frente a la fuerte subida del precio de los alimentos registrada en los últimos meses, y en el que se primará «la calidad frente al precio».
Ante esta decisión de la Comunidad, el secretario de Políticas Sociales de CC.OO. Madrid, Manuel Rodríguez, ha valorado el cambio de contrato, ya que el actual requería «cambiarlo y modernizarlo» tras las críticas por la calidad de la comida en las residencias públicas de la Comunidad, amén de destinarle «más dinero».
Sin embargo, ha advertido de que el incremento anunciado «es todavía insuficiente» y cree que la decisión llega «con retraso». «Lo venimos denunciando hace tiempo», ha subrayado Rodríguez en declaraciones a Europa Press, quien no obstante considera «sospechoso» que el nuevo contrato se anuncie «a un mes de las elecciones» y se vaya a poner en marcha «en enero de 2024», lo que obliga a prorrogar el actual contrato, que concluye en septiembre.
«Estando de acuerdo nos vuelve a parecer otra medida con un tufo electoralista», ha recalcado el representante de CC.OO., quien recuerda que su sindicato viene «denunciando esta situación desde noviembre» del año pasado, a pesar de lo cual el cambio «se hace ahora cuando se debería haber hecho antes y evitar la prórroga».
Por su parte, la secretaria de Servicios Sociales de UGT Madrid, Laura Muñoz, ha recordado que el actual contrato «ha sido problemático» desde que se cambió el sistema, pues «antes no había estos problemas con la comida».
Par Muñoz, no se trata simplemente «de una cuestión económica», sino también de «flexibilidad». «Lógicamente con un contrato más barato no se puede pedir mucha calidad», ha reconocido la representante de UGT, que advierte de que un incremento del 25% no corrige del todo la situación, pero recalca que más allá de las cifras, antes cada centro «tenía flexibilidad» para elegir sus proveedores y contar con un «remanente en almacén para imprevistos» que con el actual sistema centralizado «han perdido».
Flexibilidad
Asimismo, ha señalado que los menús no pueden «ser los mismos» para centros de mayores, de menores o de personas con discapacidad. «Lo más barato no permite flexibilidad, la flexibilidad cuesta dinero», ha sentenciado la secretaria de Servicios Sociales del sindicato.
Sin embargo, respecto a las críticas sobre el estado de los alimentos en las residencias, Muñoz ha defendido «el esfuerzo de los profesionales» que trabajan en los centros y ha asegurado, sobre las imágenes que han circulado con comida en mal estado, evitan que sean consumidos por los residentes.
Desde CSIT Unión Profesional, han insistido en que los incidentes denunciados en residencias públicas de la Comunidad en relación a la alimentación «no son casos aislados», sino que evidencian «un problema estructural».
El sindicato ha recordado que es responsabilidad de la Comunidad de Madrid «garantizar que la materia prima que llega a las cocinas lo haga en las mejores condiciones» para cumplir con los menús y la dieta que los trabajadores han de elaborar para los residentes.
Por ello, desde el Área de Servicios Sociales del sindicato sostienen que el Gobierno autonómico debería haber realizado «labores de control, inspección y seguimiento» en los centros que «ahora anuncia de cara al nuevo periodo prorrogado» y al futuro contrato.
Este sindicato ha asegurado que seguirá «vigilante» para comprobar si en esta nueva etapa los mecanismos de control «realmente son efectivos y la materia prima que llega a las cocinas de los centros lo hace en las condiciones adecuadas».
Por parte de los familiares de una de las residencias que más quejas ha acumulado, la Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares, su portavoz, Julia Martínez, ha reconocido que están «contentos» tras haber logrado «un pasito más» en sus reivindicaciones, aunque admite que algunos ven la decisión de la comunidad «electoralismo».
"no estaban haciendo bien las cosas"
En declaraciones a Europa Press, Martínez señala que se mueven entre el optimismo y el escepticismo, aunque se reconoce «contenta» porque tanto esta decisión como el reciente relevo en la dirección del centro alcalaíno evidencia, a su juicio, «que no se estaban haciendo bien las cosas».
En cualquier caso, espera a ver los resultados del nuevo contrato «en el peso de los residentes» y ha recalcado que el problema de las residencias no se circunscribe sólo al proveedor de alimentos, sino también a «la falta de material y de personal», por lo que ha advertido de que van a «seguir dando guerra».
El Gobierno regional ha enmarcado la decisión de licitar un nuevo contrato en el «proceso de continua mejora» que se está desarrollando en las residencias de la Comunidad de Madrid y que afecta a un total de 83 recursos entre residencias de mayores, centros de día, centros para personas con discapacidad intelectual, comedores sociales y centros de protección de menores, en los que se sirven más de 9.600 menús completos cada día.
El precio de licitación del nuevo contrato ascenderá a 26 millones de euros anuales, más de cinco millones por encima del actual, que se sitúa en los 20,8 millones. Además, en su adjudicación primarán los criterios relacionados con la calidad de los suministros --especialmente en los productos frescos-- frente al precio ofertado por los licitadores, que supondrá menos del 50% de la valoración frente al actual 70%.
Asimismo, los pliegos de prescripciones técnicas tendrán en cuenta la experiencia de gestión acumulada en estos meses para adaptarlos de manera más eficiente a las necesidades de los distintos centros.
También se ampliarán los controles para la comprobación de la correcta ejecución del suministro por parte de la empresa que resulte adjudicataria del lote de supervisión del contrato, que realizará «al menos una visita semanal a los almacenes de cada proveedor y dos controles analíticos mensuales».
Por otro lado, se endurecerán las penalidades por cumplimiento parcial o defectuoso del contrato, así como las causas de resolución del mismo, según se indica desde el Gobierno regional.
En vigor en enero de 2024
Tras superar todas las fases exigidas en la Ley de Contratos del Sector Público, está previsto que el nuevo acuerdo entre en vigor en enero de 2024. Hasta entonces, y para garantizar el suministro a los centros, se realizará una prórroga técnica del actual.
En cualquier caso, el Gobierno regional recalca que se mantendrán y reforzarán todos los controles que se llevan a cabo para «garantizar que los actuales proveedores cumplen con los estándares de calidad exigidos por la Comunidad de Madrid».
La Administración autonómica ha explicado que el actual contrato de suministro de alimentos, que entró en vigor en septiembre de 2022, se calculó con los precios de 2021, los cuales «ahora es necesario actualizar» con el nuevo contrato.
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