En un comunicado, la organización ha indicado esta acción de 'hacktivismo' para reclamar el derribo del hotel «ilegal» de Azata en el paraje carboneros «pretende acelerar la ambición del PSOE-A, que gobierna en el municipio almeriense» y que «aún posterga» el acatamiento de las sentencias que son desfavorables al inmueble.
«Hemos mantenido decenas de reuniones con diversas personalidades del PSOE que nos han asegurado que harían todo lo posible para revertir esta situación. Pero sólo han sido palabras. Ni un sólo hecho. Y por eso hemos decidido actuar», ha asegurado la directora ejecutiva de Greenpeace, Eva Saldaña.
Saldaña ha señalado que no se puede «olvidar» que las personas que se dedican a la política «están obligadas desde sus cargos públicos a cumplir las leyes y respetar los derechos, como el de un medio ambiente sano, que consagra la Constitución Española».
Ha aludido, asimismo, a que tras esta acción de denuncia, Espadas contestó a la organización en redes sociales «reiterando que el Ayuntamiento de Carboneras ya ha comunicado al TSJA que hará la modificación puntual de planeamiento para declarar ese suelo no urbanizable» y remarcando que «las sentencias se acatan, no lo duden».
«El consistorio almeriense debió cumplir hace 15 años las sentencias que fijan la anchura de la costa en 100 metros; hace once años, las sentencias que protegen los terrenos; cinco años, la que modifica el PGOU; y uno, la que le obliga a revisar la licencia de obras. En total, se han incumplido 43 resoluciones judiciales», ha remarcado.
Al hilo de esto, Greenpeace ha considerado «una burla a la ciudadanía preocupada por el medio ambiente» lo que tilda de las «maniobras dilatorias» del Ayuntamiento carbonero y ha lamentado la «inacción por parte de todos los partidos políticos que, durante casi dos décadas, han permitido por acción u omisión que el hotel ilegal siga en pie a pesar de incumplir la Ley de Costas, la normativa que rige el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la normativa urbanística andaluza».
«En este caso, tanto el PSOE como el PP están actuando de forma irregular, ya que la Junta de Andalucía se comprometió a demoler el hotel y tampoco lo ha hecho», ha añadido a organización.
Desde que comenzó el año, Greenpeace ha apuntado que envía cada 15 días un escrito al TSJA demandando que vuelvan a solicitar al Consistorio que cumpla las sentencias, entre ellas, el ultimátum lanzado esta semana al alcalde de Carboneras si no corrige el carácter urbano de los terrenos.
«El Consistorio tiene la obligación de admitir y tramitar el procedimiento administrativo previsto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de Azata desde el 5 de junio de 2022, sin que hasta la fecha el haya iniciado expediente alguno de revisión», ha concluido.
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