Amérigo, apercibido de multa, ha comunicado este mismo martes al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la convocatoria del pleno municipal para aprobar la modificación puntual del planeamiento que «declara» no urbanizable tanto del sector ST-1 como del adyacente, El Canillar o ST-2 y ha señalado que con esta actuación «por vía de urgencia» ya ha «realizado» como alcalde «todas las funciones que son de su »competencia" para ejecutar el fallo.
El pleno de la corporación local carbonera se celebrará a partir de las 13.30 horas y tiene como único punto del orden del día la desclasificación del Algarrobico, si bien adjunta al expediente un total de 97 archivos, según han informado a Europa Press fuentes municipales.
En el escrito de alegaciones remitido al alto tribunal andaluz en respuesta al ultimátum que hace cinco días le dio el TSJA al alcalde, a quien advirtió con sanciones de 700 euros cada 20 días, el Ayuntamiento señala que resultaría «terriblemente injusta» la imposición de multas y remarca que se ha procedido a «la conclusión diligente» del procedimiento de ejecución «que se inició en septiembre» de 2022 «en un contexto de escasísimos medios».
«El alcalde ha desempeñado todos los esfuerzos que le eran exigible para tal cumplimiento, agotando sus posibilidades de actuación y mostrando su constante preocupación por el cumplimiento efectivo de la sentencia», sostiene, al tiempo que reprocha que «ejercer una presión constante» para que los funcionarios municipales «concluyan su trabajo», no constituye «la forma más adecuada de llegar a la conclusión de un expediente que incide sobre situaciones complejas que requieren un análisis prudente de las diferentes alternativas».
El Ayuntamiento trasmite a la sala que resulta «evidente» que «en ningún momento» se ha incurrido «en pasividad alguna» y destaca en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, «la actitud proactiva particularmente» de José Luis Amérigo «dirigida a la completa, íntegra y escrupulosa ejecución de la sentencia».
Tras subrayar que «todas» las actuaciones «emprendidas» por el consistorio carbonero desde septiembre de 2022 para ejecutar una sentencia firme de 2018 se han realizado «de forma coordinada» con la Junta de Andalucía, apunta que no hay «interés alguno» por parte del consistorio en «atribuir un uso urbanístico a los terrenos afectados» y que se ha creado un «ficticio conflicto que requería una respuesta inmediata y urgente» del tribunal «cuando en realidad» no es necesario.
«La ejecución de la sentencia es la mera constatación formal de la absoluta certeza que tienen todos los agentes que tienen relación con El Algarrobico de la imposibilidad de llevar a cabo ningún uso urbanístico del suelo en los sectores afectados», indica para concluir que no ha existido «riesgo alguno en relación al bien jurídico afectado» como ha mantenido Greepeace y ha apreciado el alto tribunal andaluz.
El TSJA dio el pasado día 17 al alcalde de Carboneras cinco días para que alegase antes de imponerle multas de 700 euros cada 20 días por su «responsabilidad» en que «aún permanezca pendiente» el cumplimiento de la sentencia que le obliga a desclasificar urbanísticamente el Algarrobico y declararlo suelo de especial protección.
En un auto, la sala reprochaba a Amérigo que se haya «superado en exceso el plazo legal establecido para ejecutar» un fallo que es firme desde 2018 e indicaba que, ante la situación generada, la sanción «resulta ser la única opción ya disponible para evitar el perjuicio» al derecho a la tutela judicial que conlleva la inejecución de la sentencia.
La resolución advertía de que, al margen de las multas coercitivas, la otra medida a adoptar tras el «plazo preceptivo de cinco días para presentar alegaciones» dado al alcalde carbonera, sería de remitir testimonio de particulares al Ministerio Fiscal por si fuera una infracción penal su comportamiento.
El TSJA destacaba que ya había hecho advertencia expresa en mayo de 2022 de que adoptaría estas medidas y señalaba que el apercibimiento se había reiterado en «ocasiones posteriores» sin que hubieran sido «objeto de impugnación» por parte del Ayuntamiento o de Amérigo.
El Tribunal Supremo (TS) falló recientemente que la licencia municipal de obras concedida al hotel de Azata continúa siendo «plenamente legal» 20 años después de su concesión ya que se ajusta al planeamiento urbanístico vigente en Carboneras por no haberse modificado el PGOU en lo que respecta al Algarrobico y supeditó la demolición del inmueble a que se anulase mediante revisión de oficio por parte del Ayuntamiento carbonero. Mientras la actual calificación del sector ST-1 se mantenga, no cabe anulación.
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