La Guardia Civil interviene más de 16 toneladas de alimentos no aptos para consumo humano en la Comarca de Calatayud

Por estos hechos, ha sido detenido el titular de la distribuidora, como presunto autor de delitos contra la salud pública, estafa y falsedad documental, ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

Según ha explicado, el pasado 11 de abril personal del servicio Veterinario del departamento provincial de Sanidad del Gobierno de Aragón solicitó la presencia del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Calatayud para que se trasladase a un almacén de distribución de alimentos, ubicado en una población de la Comarca de Calatayud, durante una inspección que se estaba realizando en dicho lugar.

Especialistas de SEPRONA de Calatayud se personaron en la nave, donde pudieron comprobar la gran cantidad de productos alimenticios y el estado en el que se hallaban por lo que llevaron a cabo una inspección exhaustiva del lugar y la mercancía almacenada.

La nave, de unos mil metros cuadrados, la cual quedó precintada, estaba distribuida en diferentes espacios para almacenaje y cámaras frigoríficas, presentaba multitud de irregularidades en cuanto al almacenamiento de los productos y condiciones de salubridad.

Roedores muertos en diferentes localizaciones de la nave, excrementos de estos animales e insectos, suciedad en el interior de las cámaras frigoríficas, multitud de alimentos con las fechas de consumo preferente superadas o caducadas, etiquetas superpuestas con una fecha de caducidad modificada apta para su venta y consumo, así como la carencia de documentos de trazabilidad de productos.

Tipo de productos

La inspección y contabilización de dicha mercancía, entre la que se hallaban bebidas, productos en conserva, elaborados cárnicos, frutos secos y diversos tipos de golosinas, se realizó en varios días debido a la gran cantidad de unidades almacenadas en dicha nave, cuyo peso ascendía a 16.500 kilogramos.

El SEPRONA de la Guardia Civil continúa con la investigación para determinar todos los establecimientos donde podrían haber sido comercializados los productos con irregularidades.