El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con los votos del PP-A y Vox, el decreto ley aprobado por el Gobierno andaluz el pasado 11 de abril para la creación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía. La convalidación ha contado con el voto el contra del PSOE-A y con la abstención de Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía.
Se trata, en concreto, del Decreto-ley 2/2023, de 11 de abril, por el que se adoptan medidas en materia de emergencias y gestión, prevención y extinción de incendios forestales y se autoriza la creación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, una estructura que, según defendió el Gobierno andaluz tras su aprobación el mes pasado, permitirá «reforzar y fortalecer la formación integral de todos los profesionales intervinientes en la gestión de las emergencias».
Además, el Pleno ha rechazado, con los votos de PP-A y Vox, que el decreto se tramite como proyecto de ley, algo que había solicitado el Grupo Socialista.
En defensa del decreto, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que ha detallado que dicho texto incorpora las modificaciones de un conjunto de normas con el objetivo de sumar, de forma urgente antes de la próxima época de 'alto riesgo' por incendios forestales, a la Consejería que él mismo dirige el personal funcionario de los centros operativos provinciales y regional --COP y COR-- que ejerce las labores de dirección de extinción.
Así, el objetivo que persigue el Gobierno andaluz con la puesta en marcha de esta agencia es «concentrar bajo un mando único la gestión operativa de incendios forestales y emergencias naturales que tengan lugar en el territorio andaluz».
Sin privatizaciones y con "diálogo social"
En todo caso, Antonio Sanz ha querido dejar claro que, mientras Juanma Moreno sea presidente de la Junta, no se va a privatizar ningún servicio relativo a la Protección Civil. «He dado mi palabra como consejero», y «más claro y rotundo no lo puedo decir», ha aseverado en un mensaje dirigido a la oposición.
Además, ha defendido que el proceso de creación de la nueva agencia de emergencias se está llevando a cabo por parte de la Junta con «diálogo social» con sindicatos, y en esa línea ha puesto de relieve que ya se han llevado a cabo dos reuniones «importantísimas» con representantes de los trabajadores, y el próximo lunes día 8 de mayo habrá otra.
Además, ha avanzado que la Consejería va a proponer la creación de un «equipo técnico» que aglutine también a representantes sindicales y de los trabajadores que celebre reuniones semanales para abordar los asuntos relativos al proceso de transferencias vinculadas a esta agencia y a la organización de la misma.
«No se va a dar un paso sin consultar a los agentes sociales», ha enfatizado el consejero, que también ha proclamado que, con el actual Gobierno andaluz, tampoco se va a dar «ni un paso atrás en los derechos de los trabajadores» y, es más, «se avanzará en demandas históricas» en el marco del «compromiso» del Ejecutivo de Moreno con el «avance en la mejora de las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores del Infoca», según ha remarcado.
La Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía supondrá agrupar en un sistema de gestión común al 112 como centro de atención ciudadana y activación de servicios; a Protección Civil como órgano de coordinación de servicios, planificación y ordenación del voluntariado; al GREA como grupo de apoyo técnico y logístico; al Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía como centro de formación y acreditación de todo el personal de emergencias, y al Infoca como fuerza de intervención no solo en incendios forestales como hasta ahora, sino también, y como novedad, en todo tipo de emergencias en el medio natural andaluz, reforzando así la seguridad ciudadana en todo el entorno rural, según ha puesto de relieve Antonio Sanz.
El consejero ha defendido que la gestión eficiente de la respuesta a las emergencias de protección civil pasa por la unificación en una misma estructura de todos aquellos recursos complementarios con los que la Junta cuenta actualmente en estructuras paralelas, y sólo esta fusión de organismos y operativos autonómicos en una única consejería permitirá una respuesta «integral y coordinada» a cada emergencia.
Sanz ha aprovechado para destacar además que el presupuesto de 2023 del Infoca ha crecido un 27% hasta los 223 millones, y por primera vez se invierte más en prevención con 125 millones de euros, un 48% más, y 98 millones para extinción.
Por último, ha aludido a los nuevos recursos de los que dispondrá el Infoca para la extinción de incendios, y al respecto ha destacado que «el pasado año culminamos la renovación de 32 camiones autobombas por un importe global de 10,5 millones de euros, a los que en esta legislatura sumaremos otras 44 nuevas unidades por valor de 14,68 millones», de forma que «en dos legislaturas habremos renovado el 75% de la flota de vehículos pesados del Infoca», ha valorado.
Críticas de la oposición
En el turno de intervenciones de los grupos, el parlamentario socialista José Aurelio Aguilar ha defendido «votar en contra» de la convalidación del decreto-ley por tres razones, entre las que ha calificado de «grave error separar la prevención de la extinción», a lo que ha sumado «la forma en que se presenta esta iniciativa» y que es «una puerta abierta a las privatizaciones».
Aguilar se ha preguntado «si se lleva al Infoca quién va a prestar la prevención, qué va a pasar con Amaya», antes de concluir que «no son creíbles cuando hablan de privatización» y reclamar que «este decreto habría que rectificarlo».
La diputada de Vox Purificación Fernández ha afeado al Gobierno del PP-A que recurra a la vía del decreto para crear la nueva agencia «contraviniendo» la ley y aludiendo a una «necesaria y urgente necesidad» para dejar a los grupos sin que puedan «hacer aportaciones», según ha criticado la parlamentaria antes de apostillar que «algo tendremos que decir» en relación a «temas de tanta importancia como la gestión y conservación del patrimonio natural de los andaluces». Además, ha subrayado que «los juristas» que asesoran a la Junta «han advertido de que las formas empleadas en este decreto ley no son las más adecuadas».
El parlamentario de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha cuestionado la elección del decreto-ley, por lo que ha hablado de «abuso» de esta figura legal, ha ironizado sobre la necesidad de crear un mando único para preguntarse si «hasta ahora ha habido un desmadre» en la coordinación de emergencias, ha señalado «la intencionalidad política de pasarlo a Interior» sobre la dependencia de la futura Agencia de Emergencias, y ha reprochado a la Junta que «privatizan todo lo que tiene que ver con los cuidados», para advertir que «lo privado tiene que ser rentable; lo público, solo sostenible».
La presidenta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha apuntado que no tiene «nada claro el objetivo de la creación de esta agencia» ni ve «por ninguna parte la razón de urgencia» que justifique este decreto, con el que «da la sensación» de que la Junta quiere «acabar con la labor pública enorme que realiza la Agencia de Medio Ambiente y Agua», según ha abundado la diputada antes de concluir que el Gobierno andaluz ha dejado «dudas infinitas por resolver» y no ha tenido «en cuenta las dudas de los trabajadores».
Frente a estas críticas, el diputado del PP-A Pablo García ha defendido que la Junta realice los «ajustes necesarios para unificar los operativos que intervienen en las emergencias» en el marco de «un modelo de administración eficiente», y ha pedido «a los señores de la izquierda» que «dejen de ver fantasmas, porque no se va a privatizar nada», ha aseverado.
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