El 'yonki del dinero' se desvincula del 'Call center' y apunta a carencias que "volvieron loco" a su exsuegro

Benavent se ha pronunciado así en el juicio que se sigue contra él y otras seis personas más, entre ellas el expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus, por la pieza D del caso Imelsa, relativa al 'Call center'.

Fiscalía Anticorrupción acusa a Rus en esta ocasión de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y le pide ocho años de prisión; por su parte, al 'yonki del dinero' le atribuye los delitos de prevaricación y malversación también con carácter continuado y le pide cuatro años y medio de cárcel.

Los otros cinco acusados en esta pieza --bien como autores directos o como cooperadores necesarios-- están acusados de delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales. Entre ellos está el exsuegro de Benavent, para el que el fiscal reclama 13 años de prisión.

Benavent, en su declaración, ha recordado que el 'Call center' surgió tras una encomienda de gestión aprobada en el pleno de la Diputación por todos los partidos políticos con la oposición de la entonces diputada y ahora consellera Rosa Pérez. Ante la misma, Imelsa «tenía que ponerse a trabajar», ha dicho, y él, como gerente de la empresa pública, debía poner los medios para que sucediera «de la mejor manera posible», ha aseverado.

Sobre el contrato en sí que se adjudicó a la empresa Servimun S.L., para la que su exsuegro colaboró, ha dicho que no intervino: «No tengo nada que ver con la contratación ni con la adjudicación. No sé nada más», ha señalado. También ha advertido de que no recibió ninguna orden de Rus para adjudicar el 'Call center' a Servimun.

Ha apuntado al consejero delegado de Imelsa como la persona encargada de nombrar la mesa de contratación y de encargarse de la adjudicación «y todo lo demás». También ha dicho que no fue a ninguna mesa de contratación y que su labor se circunscribió a la ejecución del contrato.

Al respecto, ha comentado que se encargaba de supervisar que el servicio funcionase bien, que estaba en forma y plazo. «Nos encargamos varias personas de esto. Primero Salvador Deusa --exjefe de servicio de Diputación--, también María Escrihuela --exdirectora de Gestión de Personas-- o el departamento de informática», ha descrito. No obstante, él no estaba en la gestión diaria.

En un momento dado, ha explicado que Escrihuela le trasladó que había deficiencias en el servicio que había que subsanar. Así, se pidieron informes externos. Tras ello, se generó «tensión» porque Rosa Pérez les pedía explicaciones por el servicio: «Se creó tensión y luego vino todo lo que vino. López fue y para amortiguar la tensión llevó las cintas y lo demás» --en relación con las grabaciones que dieron origen a este procedimiento--.

«A López no sé lo que le pasó pero al tensionarse el servicio y ver que se le podía desmontar lo que tuviera montado, que yo desconocía, tiró por la calle de en medio. Ese señor se volvió loco. Llegamos incluso a plantear la rescisión del contrato porque no veíamos que ellos --Servimun y Mariano López-- quisieran subsanarlo». «López se lo tomo como un tema personal cuando sólo queríamos que el servicio funcionara bien. Sin mi permiso ni consentimiento cogió mi disco duro con las grabaciones --estaba en casa de su exmujer-- y se lo llevó a Rosa Pérez. Y así estamos», ha apostillado.

Sin amaño

En la sesión de este jueves también ha prestado declaración otro acusado, Ricardo Francisco de Ángel, quien trabajó en la Diputación durante 40 años. Ha matizado que nunca ha sido empleado de Imelsa y se ha desvinculado del contrato del 'Call center'.

El acusado, tras incidir en que no tenía amistad ni enemistad con Rus, Benavent o su exsuegro, Mariano López, ha indicado que estaba destinado al servicio de gestión tributaria y firmaba las facturas que le llegaban porque era receptor del servicio. En relación con las del 'Call center', las firmaba y las devolvía a Imelsa.

Sobre el contrato del 'Call center', ha aseverado que no tuvo ninguna participación con el expediente porque era competencia de Imelsa y tampoco formó parte de la mesa de contratación ni intervino en la redacción del pliego técnico ni valoró las ofertas de las empresas licitadoras.

Así mismo, ha manifestado que lo que sí hizo fue firmar el informe de valoración de la oferta técnica y económica porque era el «receptor del servicio» y confiaba en el trabajo de los técnicos, que eran los «expertos».

Además, ha justificado que figuraba como responsable del contrato del 'Call center' porque se lo indicó el consejero delegado, pero realmente no ejerció como tal: «Me dijo que me iba a nombrar responsable porque la persona anterior había renunciado y yo dije que no. Aún así, me encontré con la sorpresa de una resolución en la que figuraba como responsable y redacté un escrito para quejarme. No obtuve respuesta. En ese momento me dijo el consejero que era una »orden de arriba", de Emilio Llopis.

Ha insistido en que «en ningún momento» percibió que se pretendiera amañar el contrato del 'Call center' a Servimun ni vio nada que le llamase la atención: «La verdad es que no. Ni aprecié ni ví nada que me hiciera pensar lo que me está diciendo el amaño. Si lo hubiera apreciado, lo habría manifestado», ha apostillado.