El pleno del Parlament ha aprobado este jueves la proposición de ley para modificar el decreto de medidas urgentes contra la sequía, que modifica el régimen sancionador a los ayuntamientos que incumplan con las restricciones y propone sancionarlos un mes después de la convocatoria de ayudas para solventar fugas de agua si no manifiestan su voluntad de solucionar el incumplimiento.
La iniciativa de Junts se ha aprobado con los votos a favor de Junts, PSC, ERC, Cs y PP, los votos en contra de CUP y comuns y la abstención de Vox; ERC y PSC han dado apoyo a la medida después de consensuar posiciones sobre el régimen sancionador a los municipios que no cumplan con el plan de sequía.
El texto inicial de Junts proponía aplazar las sanciones hasta el 1 de julio y, tras negociar con PSC y ERC, ha incorporado la propuesta de estos dos grupos en las enmiendas de condicionar las multas a la convocatoria de ayudas.
También se han pactado inversiones como la rehabilitación de las instalaciones y los equipamientos de la red de control del Sistema Integral del Cicle de l'Aigua al Territori (SICAT) de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o obras de mejora de conexión de redes de abastecimiento.
El texto también ha incorporado la petición de los grupos de la ampliación de la desalinizadora de la Tordera en Blanes (Girona) y la potabilizadora del Besòs (Barcelona), con el desdoblamiento de la arteria APTT2 y el traspaso de aguas residuales de la cuenca del Besòs a la del Llobregat.
En cuanto a las piscinas, la iniciativa finalmente incluye la petición de ERC de limitar el llenado de piscinas a las de uso público, a las desmontables en centros educativos, a las de instalaciones juveniles y el rellenado parcial de las que dispongan de un sistema de re-circulación.
Acuerdo entre junts, erc y psc
«Nosotros con nuestro liderazgo hemos conseguido parar la parálisis y reconducir el fracaso de la cumbre en la cual el Govern no supo cómo tejer un consenso», ha sostenido Salvador Vergés (Junts), que ha celebrado que la proposición de ley consensuada gestionará con responsabilidad un problema tan grave, en sus palabras, así como también resolverá de dónde se saca el dinero y cómo y dónde se invierte.
El diputado de ERC Eugeni Villalbí ha celebrado haber sido «capaces de llegar a un consenso» con Junts para la iniciativa como por ejemplo con las inversiones o el régimen sancionador, pero también les ha acusado de partidismo y de intentar desgastar al Govern.
Sílvia Paneque (PSC) ha sostenido que las enmiendas del PSC «buscan que el Gvern actúe y responda ante un problema que preocupa a todos» y ha criticado que, en sus palabras, durante 18 meses no se ha hecho ni una sola inversión ni una sola infraestructura y que no han recibido ni una llamada del Govern después de la cumbre por la sequía.
Críticas de cup, comuns y cs
El diputado de la CUP Dani Cornellà ha criticado que el debate se centre, según él, en el régimen sancionador en vez del modelo de país, y ha defendido que se sancione «al municipio que se niegue» a mejorar sus redes de abastecimiento, pero que si tiene ganas de mejorarlas pero le falta presupuesto, que lo ponga la ACA.
Desde los comuns, Lucas Ferro ha cargado duramente contra la proposición de ley, que ha calificado de chapuza jurídica y ha criticado que da «carta de libertad y barra libre» a los ayuntamientos para hacer lo que quieran hasta después de las elecciones, en sus palabras.
Marina Bravo (Cs) ha asegurado que PSC y Junts «pretenden aparecer como salvadores cuando han tenido responsabilidad de gobierno en el pasado y en su momento guardaron los proyectos en un cajón» y ha lamentado que hayan pasado 15 años sin hacer nada respecto a la sequía, según ella.
Vox y pp
Desde Vox, Ramón López ha defendido un «plan hidrológico donde el agua sea considerada como un recurso nacional fundamentado en el principio de solidaridad interterritorial».
«Aquí radica la principal razón de cómo estamos como estamos, la inacción de los gobiernos de los últimos 15 años», ha lamentado el diputado del PP Daniel Serrano, que también ha criticado el régimen sancionador a los ayuntamientos que incluye la proposición de ley, aunque se ha mostrado a favor de los aspectos encaminados a mejorar el decreto de sequía, en sus palabras.
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