La semana pasada, en el marco de la operación «Worker» desarrollada por la Guardia Civil en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal, se llevaron a cabo actuaciones en la Rioja Alavesa encaminadas a la desarticulación del entramado delictivo y a la liberación de 15 personas sometidas a lo que, en la actualidad, se define como una situación de 'esclavitud moderna'.
Dichas investigaciones comenzaron a finales del mes de febrero, cuando una de las víctimas que había logrado huir de la situación en la que se encontraba puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, lo que propició el inicio de las investigaciones que derivaron en la salvaguarda de las demás víctimas y en la detención de los presuntos responsables.
El delegado del Gobierno, Denis Itxaso, ha recalcado que «las condiciones de vida de las víctimas eran penosas y deplorables». «La situación insalubre de los inmuebles donde se encontraban alojados los trabajadores no era compatible ni acorde con lo mínimo exigible para la dignidad humana», ha indicado.
La Guardia Civil se ha encontrado con un modelo de 'esclavitud moderna', en la cual, como si fuera una institución jurídica, la 'propiedad' de estos trabajadores pasaba a ser de la persona bajo la cual se encontraban sometidos.
Para ello, ha explicado el delegado del Gobierno, utilizaban la dependencia económica ya que «cualquier acto cotidiano y laboral de sus vidas se encontraba sometido, vigilado y autorizado por la persona que dirigía el entramado». Las víctimas eran obligadas a trabajar en «condiciones infrahumanas, sin que pudieran negarse debido a la coerción, las amenazas o el abuso de poder», ha señalado Itxaso.
La persona que estaba en la posición de dominio se lucraba a costa del trabajo de estas víctimas, «sin tener en cuenta las nefastas condiciones laborales en las que se encontraban», ha señalado.
«Las personas liberadas, todas ellas de nacionalidad portuguesa -ha añadido Itxaso- eran captadas en su país de origen y trasladadas a la zona donde tenían que realizar su actividad laboral. Ninguna tenía arraigo familiar y se encontraban en estado de total vulnerabilidad».
Una vez en la zona geográfica donde tenían que realizar sus tareas, eran obligadas a realizar jornadas de trabajo de 12 horas diarias, siete días a la semana. Algunas de ellas, después de haber estado realizando dichas tareas durante meses, acababan generando una deuda económica con el jefe del entramado, que les obligaba a permanecer en esta situación de 'esclavitud' para poder hacer frente a la misma.
Registros
Practicada la diligencia de entrada y registro en el domicilio de los detenidos, se incautaron 9.300 euros escondidos en un doble fondo, dos pistolas simuladas y abundante documentación relacionada con los hechos investigados. Además, se ha solicitado el embargo de hasta cinco propiedades inmobiliarias, provenientes de la ganancia obtenida con la actividad criminal.
El Juzgado que entiende del caso ha decretado la prisión provisional para los responsables de los hechos. Mientras, la Inspección de trabajo del Ministerio de Asuntos Sociales ha abierto expedientes sancionadores a algunos de los empleadores que usaban los servicios de los presuntos autores de los hechos. Las víctimas han sido trasladadas a pisos de acogida, ubicados en distintas ciudades de la geografía española, para su salvaguarda.
En la operación llevada a cabo intervinieron, además de las Unidades de Policía Judicial de Álava y de Zona del País Vasco, una unidad canina de la Guardia Civil detectora de papel moneda, la Directoria do Norte-Seccao Regional de Combate ao terrorismo e Banditismo de la Policía Judiciaria Portuguesa, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y trabajadores sociales de una fundación especializada en trata de seres humanos pertenecientes a Cruz Blanca.
Tanto las diligencias instruidas, como los detenidos, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Vitoria.
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