Vera confirma "incumplimientos" en el 'Call center' de Imelsa y describe "una especie de temor" al exsuegro de Benavent

Vera se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por la pieza D del caso Imelsa, en la que, entre otros, están acusados el expresidente de la Diputación Alfonso Rus; Benavent y Mariano López.

Vera, acusado en otro procedimiento judicial, el conocido como caso Azud, ha explicado que aterrizó en Imelsa en julio de 2015, lo que ha descrito como una «mala decisión», y ha indicado que al llegar se encontró con el contrato del 'call center' que se podía prorrogar unos meses más tarde, en diciembre de ese ejercicio.

En ese tiempo ha dicho que la entonces directora de Recursos Humanos de la empresa pública María Escrihuela le manifestó que el contrato del 'Call center', adjudicado a Servimun --con la que Mariano López colaboraba--, presentaba «un montón de incumplimientos». «Me dijo que ella había luchado mucho y que había hablado con el gerente y el presidente de la Diputación para ponerles de manifiesto las irregularidades», ha reproducido.

A raíz de estas afirmaciones, el testigo ha explicado que estudió más a fondo el contrato, vio que finalizaba a finales de año y, «visto el funcionamiento muy deficiente del servicio», tenía claro que no quería que se prorrogase.

Así, decidió también hablar con varias personas de la Diputación y se encontró con una situación «un poco extraña» porque lo que le dijeron fue que «tuviera cuidado con este tema porque un señor que era Mariano, suegro de Benavent, estaba colaborando con la Fiscalía» por el caso Imelsa«. »Cuando planteé la no prórroga había como una especie de temor a la propia reacción de Mariano por una supuesta relación con Fiscalía que no era cierta y entonces era como aquéllo de 'dejémoslo pasar, no movamos nada'", ha insistido.

Y ha añadido: «Si no hubiera accedido al cierre, a la no prórroga, probablemente se hubiera planteado la prórroga». Al respecto, ha explicado que cuando tomó la decisión de no prorrogar el servicio, remitió una carta a la mercantil avisando de que el contrato vencía el 31 de diciembre y no se iba a prorrogar.

«En ese espacio de tiempo lo único que me llamó la atención es que conmigo no habló nadie, ni Mariano ni Fernando Palomares --este último dueño de Servimun--». Ante el temor de que esa carta no tuviera un referendo físico de cierre real, se personó en la mercantil y pidió levantar un acta de cierre del local. Fue ahí cuando habló por teléfono con Palomares, con quien mantuvo «unas palabras gruesas», hasta que finalmente se firmó el acta. Al cerrarse el servicio con Servimun, lo pasó a llevar la Diputación y «no pasó nada», ha dicho.

En relación con la carta, el testigo ha concretado que cuando la mandó, tenía información «parcial» del funcionamiento del servicio porque «no había podido entrar a fondo» pero, ante ello, decidió mandar la carta para avisar de la no prórroga porque era el plazo que exigía la ley. En esa misiva no habló de incumplimientos ni de penalidades, ha aclarado.

Antes del cierre del contrato ha dicho que no mantuvo relación alguna ni con el administrador ni con Mariano López y, con la decisión, tampoco nadie se puso en contacto con él: «No me llamaron. Trabajaban a otro nivel superior», ha afirmado.

Informe con "incumplimientos"

Tras el cierre del servicio con Servimun y a requerimiento del juzgado, Vera elaboró un informe en el año 2019 en el que aludía a diferentes «incumplimientos» del contrato. En relación con las mismas, ha manifestado que Servimun no dio formación a los trabajadores, sino que «fue asumida desde la Diputación o Imelsa».

Asimismo, ha indicado que el servicio del 'Call center' no se prestaba los sábados de los meses julio y agosto; que hubo una «escasa o nula» realización de los compromisos adquiridos y «ninguna de las mejoras» propuestas. «Y todo el material fungible de la empresa lo pagó Imelsa, hasta cosas tan absurdas como la impresión de trípticos para una campaña de publicidad», ha apostillado. «Servimun no cumplió ni una sola de las cosas que había ofertado como mejora», ha resumido.

Por otro lado, en la sesión de este lunes también ha declarado como testigo una teleoperadora del 'Call center', quien ha manifestado que su trabajo consistía en atender llamadas y que trabajaba por las mañanas, hasta las 14 o las 15 horas; y luego «alguien» se quedaba por las tardes en la empresa. En su puesto, ha descrito, no organizaba citas previas con las personas que llamaban ni campañas masivas de información sobre el servicio. Tampoco hacía domiciliaciones bancarias y ha afirmado que «alguna vez» vio a Palomares por la mercantil.

Otro testigo que ha declarado en la jornada de este lunes fue miembro de la mesa de contratación del 'Call center' a petición de su jefe, Ricardo de Ángel. En ese momento era técnico y responsable de la oficina de Valencia en el servicio de Gestión Tributaria.

Ha manifestado que asistió como vocal a la mesa de contratación y ha explicado que se elaboraron cinco actas hasta la adjudicación final del servicio. «En esas reuniones corroborábamos informes y baremación y decidíamos si estábamos de acuerdo», ha dicho, para concretar que él personalmente no hizo ningún examen sobre la solvencia de las empresas ni valoraciones: «A mí eso me venía grande. Me fié del criterio de quiénes estaban allí, como el responsable de Administración de Imelsa o el responsable económico», ha indicado. Preguntado por si la mesa de contratación era un 'paripé', ha respondido: «A veces he pensado que realmente si hubo algo, yo fui un idiota porque no me dí cuenta de nada. Para mí fue un proceso de lo más limpio, pero esa fue mi apreciación», ha puntualizado.