La Audiencia de Sevilla ha condenado al exalcalde socialista de Guarromán (Jaén) Antonio Almazán, a cuatro años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación y dos años de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación; en ambos casos como cooperador necesario, con relación a una ayuda sociolaboral de 440.000 euros concedida en 2008 por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de dicho municipio jiennense, mediante el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
La condena ha sido formalizada este martes por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, en un acto en el que ha pesado el acuerdo alcanzado entre las partes del procedimiento, que son la Fiscalía, la defensa de Antonio Almazán Ojeda, la acusación particular ejercida por la Junta y la acusación popular ejercida por el PP andaluz; para resolver el asunto mediante conformidad.
El acuerdo de conformidad ha supuesto una modificación del escrito inicial de acusación formalizado en 2019 por el Ministerio Público, aceptando el exalcalde socialista de Guarromán su condena como cooperador necesario de delitos de prevaricación y de malversación, a cuatro años y medio de inhabililtación especial para empleo o cargo público en el primer caso; y en el segundo a dos años de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta.
No obstante, el tribunal le ha concedido la suspensión de la pena de prisión, siempre que no delinca en un periodo de tres años, extremo solicitado por su defensa y que ha contado con la aquiescencia de las restantes partes del procedimiento.
Con la dirección general de trabajo
Según el escrito final de acusación de la Fiscalía, asumido por el encartado, cuando en enero de 2008 el mismo ostentaba la Alcaldía de Guarromán, «sabedor de que la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Trabajo y al margen de los procedimiento legalmente establecidos, podía otorgar fondos públicos para obtener liquidez inmediata, consiguió que el director general (entonces el ya fallecido Francisco Javier Guerrero) beneficiaria al Consistorio con una ayuda de 440.000 euros para llevar a cabo todas las actividades necesarias para poner en cultivo las infraestructuras de invernaderos existentes en la finca propiedad del Ayuntamiento, sin que conste que dicha inversión se haya producido».
Ya en noviembre de 2008, según el relato de hechos aceptado por el condenado, Juan Márquez como nuevo director general de Trabajo y Seguridad Social, «ordenó el abono de 440.000 euros» al Ayuntamiento de Guarromán.
Todo ello cuando «en la tramitación de las cantidades recibidas, se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo que daría lugar a causa de nulidad de pleno derecho», además de que «el concepto presupuestario a cuyo cargo corrió es inadecuado, por lo que sería nula de pleno derecho» por este otro motivo también.
DESVÍO DEL DINERO A OTROS FINCES
Pero «lejos de destinar la ayuda recibida a los fines acordados, el acusado, mediante expedición de un decreto de Alcaldía, resolvió aprobar los gastos y ordenar los pagos a la Diputación de Jaén sobre liquidaciones en concepto de reintegro de subvenciones, procediendo con fecha 27 de febrero de 2009 al pago de 107.900,50 euros correspondientes a las cantidades de 4.138,24 euros y 26.934,42 euros de la Sociedad Cooperativa Guarromanense, 6.881,79 euros de la Sociedad Cooperativa Ecisur y 27.099,80 euros y 42.846,25 euros de la Sociedad Cooperativa Nuevas Poblaciones».
«El resto de la subvención, que asciende a la cantidad de 332.099,50 euros , se aplicó a la partida presupuestaria 533.630.00 del presupuesto de gastos del ejercicio 2009, quedando en situación de crédito disponible pendiente de gastar», precisa el relato de hechos de la Fiscalía aceptado por el exalcalde.
En febrero de 2013, según la Fiscalía, la Junta de Andalucía acordó «iniciar el procedimiento para la devolución de las cantidades indebidamente percibidas» por el Ayuntamiento y el 4 de noviembre de 2014, el condenado «solicitó a la Consejería de Economía el fraccionamiento del pago por el mayor plazo posible ante la insuficiencia económico-financiera que atravesaba la Corporación Municipal, siendo reintegradas íntegramente las cantidades adeudadas (483.453,51 euros) y dándose finalización y cierre al expediente por parte de la Junta de Andalucía con fecha 8 de septiembre de 2020».
Es por ello por lo que el tribunal ha absuelto además al Ayuntamiento de Guarromán, de las pretensiones en su contra en materia de responsabilidad civil subsidiaria.
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