También ha reafirmado su apuesta por acometer una reforma empresarial que permita «democratizar» a este sector, orientada a que los trabajadores tener representación en los consejos de administración, y ha reprochado que la culpa de la inflación reside en los «enormes márgenes» que obtienen las compañías.
Así lo ha trasladado en un acto de apoyo a la candidatura de Elkarrekin Podemos (Podemos, IU y Alianza Verde) en la ciudad de San Sebastián, donde también la líder de Sumar ha comprometido a impulsar una ley de deslocalizaciones (como se ha planteado desde Unidas Podemos), que obligue a las empresas a devolver «hasta el último céntimo de euro» de ayudas públicas si traslada su actividad a otro país por motivos no justificados.
En la reforma de pensiones acometida esta legislatura se habilita la jubilación anticipada a partir de los 63 años con coeficiente reductor siempre que se acredite un mínimo de cotización de 33 años. Excepcionalmente, en situaciones de crisis, los trabajadores se podrán jubilar a partir de los 61 años cuando hayan cotizado al menos 33 años.
Durante su intervención, Díaz ha destacado la revalorización de las pensiones acometida por el Gobierno de coalición y una política, frente a las propuestas de la derecha, que ha propiciado que la pensión media de las mujeres suba un 34%, junto a una subida de forma global del 27%.
No obstante, la titular de Trabajo ha señalado que «hay que seguir trabajando» y ha defendido que «un proyecto socialdemócrata tiene una mirada larga» debe entender y reflexionar para profundizar en el mandato constitucional", en referencia a los artículos 50 y 41 de la carta magna que aluden a pensiones y edad de jubilación.
"la legislación social de la austeridad ha terminado"
En este punto, Díaz ha sentenciado que «se ha acabado ya la legislación social de la austeridad y los recortes», algo que debe aplicarse en materia jubilación, deslizando así que apuesta por reducir la edad en determinados oficios.
«Me vais a entender bien, un trabajador con 65 años no puede subirse a un andamio. Creo sinceramente que una limpiadora no puede seguir trabajando a partir de los 65 años (...) las gentes que trabajan en el mar, las gentes que tienen trabajos penosos (...) Os digo alto y claro que el nuevo proyecto de país para el que estamos trabajando y con el que vamos a sumar va a ensanchar los derechos también para los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. No es decente ver a mujeres que están trabajando en la ayuda a domicilio que están deslomadas, que están enfermas, que tienen años y no pueden seguir trabajando. De esto va el proyecto de país», ha lanzado Díaz.
Actualmente, la normativa en Seguridad Social pauta que la edad ordinaria se podrá rebajar en situaciones de actividad laboral extraordinaria, con oficios considerados penosos o peligrosos. Entre los colectivos a trabajadores dentro del estatuto minero, bomberos y agentes policiales, personal de vuelo, profesionales taurinos o del sector ferroviario o del mar, entre otros. Se suele fijar en estos casos un umbral aproximado de 60 años.
La inflación es culpa de los márgenes empresariales
A su vez, Díaz ha reivindicado que están poniendo fin a un relato que decía que los trabajadores eran «los culpables de todo» y que el problema de la inflación eran los salarios. «Era mentira, ya hasta el Banco de España lo ha dicho, los culpables de la inflación son los enormes márgenes empresariales de las empresas de nuestro país», ha ahondado.
Por ello, ha desgranado que, como ha apuntado en otras intervenciones, que es necesario una reforma empresarial que dé entrada al colectivo de los trabajadores en los consejos de administración.
"Os voy a hacer una pregunta ¿vosotras os creéis que si los trabajadores formaran parte de los consejos de administración en los que se deciden esos obscenos reparto de dividendos esto se produciría? ¿Hay alguien más interesado que un trabajador en defender sus empresas?, ha apostillado.
Por otro lado, ha subrayado su compromiso por impulsar para terminar con la temporalidad en el sector público, como ha logrado con la reforma laboral en el privado, y que también hay que acometer una reforma empresarial, que castigue por ejemplo las deslocalizaciones por ley e impedir políticas empresariales que «esquilman todo, deprecian el territorio y después se llevan todo».
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