En el caso del complemento autonómico, la «deuda» con los docentes oscila entre los 1.752 euros en el caso de los que nunca lo han recibido a los 8.763 euros en el caso de los que acumulan experiencia académica. Para el PAS, «la deuda» ronda los 2.000 euros de media por persona en estos cinco años. En las universidades públicas andaluzas, hay 17.812 docentes e investigadores y 10.193 trabajadores del sector PAS. En las concentraciones celebradas, los sindicatos han criticado que la Junta de Andalucía «no para de marear la perdiz para no pagar los acuerdos y para que sean las Universidades con sus recursos quienes hagan frente al pago».
«Entendemos que la Junta de Andalucía se tiene que hacer cargo con el dinero de nuestra masa salarial no transferido a la Universidades para no contribuir a la asfixia económica a la que pretende someterlas, porque si las Universidades hacen frente al pago, esto supondría una merma en la contratación de personal y en la promoción necesaria del personal», entre otras cuestiones, han alertado en las asambleas. «Lo único que pedimos es que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cumpla con su palabra y dé cumplimiento a los acuerdos andaluces», han sentenciado.
En esta línea, CCOO Andalucía ha afeado que «las universidades públicas andaluzas todavía no han recibido ni el 1,5% de subida salarial acordada por el Gobierno a finales de 2022, ni el crecimiento vegetativo de las plantillas, ni el 0,5% de solidaridad de la cuota de la Seguridad Social, viéndose deteriorada su situación presupuestaria después de los recortes sufridos en los últimos años, así como del fallido intento de modelo de reparto de la financiación aplicado en 2022». «Es una falta de respeto a este personal que ya está cansado de promesas incumplidas que nunca se materializan», sentencia CCOO en una nota de prensa.
Tras las reuniones mantenidas el 15 y el 22 de mayo entre los sindicatos, los gerentes de las universidades y la Consejería de Universidad en sendas mesas sectoriales del PDI y el PAS, respectivamente, CCOO, CSIF y UGT concluyen que «no compartimos las excusas dadas por la Consejería de no poder modificar la cota de personal ni incrementar la financiación porque, sin ir más lejos, el año pasado se modificó en la Consejería de Educación para dar cobertura al acuerdo de equiparación salarial del profesorado no universitario y, el mismo día 22 de mayo, firmaron el acuerdo para la Atención Primaria con el consiguiente incremento financiero».
Ante esta situación, la Consejería de Universidad, a través del secretario general de Universidades, Ramón Herrera, ha asegurado que la negociación con los sindicatos «va por buen camino» y que «la decisión de la Consejería es firme en el sentido de avanzar en la convocatoria de esos complementos que permitirán una mejora laboral del personal». Para el PDI y el complemento autonómico, Herrera ha detallado que se han planteado «dos opciones». La primera, «realizar una convocatoria idéntica a la que se realizó en 2018, con las mismas características y sin modificar absolutamente nada». En segundo lugar, hacer una convocatoria con «alguna modificación» para que «puedan acceder nuevas figuras que no se contemplaron en la convocatoria de 2018 y que simplifique la resolución de las mismas, amplíe el número de personas que puedan acceder y hacerlo más simple».
Para el PAS, «se está trabajando en dos líneas», ha afirmado. Sobre el pago del quinto tramo (50%), «desde este equipo, estamos decididos también a desatascarlo. Es un porcentaje razonable que estamos convencidos de que en cuanto se apruebe el modelo de financiación se podrá realizar el pago, porque el modelo tendrá la capacidad de poder hacerlo». Sobre la carrera horizontal que se pide, y sobre la que las universidades han hecho llegar una valoración económica sobre lo que costaría, «dando cumplimiento a lo que establece la Ley de Presupuestos, lo vamos a trasladar a Hacienda para iniciar una negociación formal», ha adelantado.
Las organizaciones sindicales recuerdan, por su parte, que «después de cinco años, ya es hora de sentarse para cumplir con los acuerdos alcanzados en 2018, dando cumplimiento al compromiso del presidente Moreno, expresado en la inauguración oficial del curso académico 2019/2020, que dijo en aquella ocasión que se iba a atender de forma extraordinaria el incremento de costes de personal por la mejora de las condiciones laborales pactadas con los sindicatos». Sin embargo, «no se han producido avances significativos ni resultado de las negociaciones, principalmente, porque no está garantizada por parte de la Consejería la financiación de los acuerdos que se alcancen».
En el caso del PDI, la Junta ha aludido, según los sindicatos, a «dificultades técnico-administrativas para que se puedan convocar estos complementos con los criterios de la última convocatoria (2018), permitiendo la participación de todo el PDI y todo el personal investigador. Le recordamos que la exclusión de estas categorías está en contra del actual marco legal y la jurisprudencia autonómica, estatal y europea».
Para el PAS, según el comunicado trasladado en las asambleas-concentraciones, «la Consejería de Universidad se escuda en la de Hacienda» a la que «van a pedir ahora autorización para el pago de los atrasos del 50% del quinto tramo» del complemento de productividad desde 2019 a 2022 «después de cinco meses de negociación y cinco años de incumplimiento».
Además del pago de estos complementos, los sindicatos reclaman en el caso del PDI la negociación de un nuevo sistema de reconocimiento del complemento autonómico más un sexto tramo; la reducción de la utilización de las figuras del profesorado asociado y el diseño de la carrera profesional del PDI laboral en las universidades públicas andaluzas. Para el PAS, exigen «acordar un sistema de carrera horizontal». Los sindicatos, de hecho, presentaron el pasado 28 de abril una propuesta basada en seis escalones a 1.500 euros de media cada uno de ellos.
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