La Audiencia de Sevilla ha comenzado este lunes el juicio con jurado popular promovido contra el exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls, por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública, perteneciente a la Junta de Andalucía.
Durante esta primera sesión, el fiscal Fernando Soto, delegado en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha manifestado que este asunto constituye un caso «sencillo de corrupción», exponiendo que como director de la Faffe, Fernando Villén «gastó 32.566 euros» al menos en diez visitas a «puticlubs, fundamentalmente de Sevilla y también de Cádiz», como los locales hispalenses Don Ángelo, Lux, La Casita o American Show Girls o el gaditano Bahía 2; usando tarjetas de la entidad que presidía para pagar estos gastos.
Es decir que empleó «dinero del erario público en prostitutas, orgías y festivales» en tales locales de alterne, tras lo cual ha agregado que «de común acuerdo» con la entonces directora económica financiera de la Faffe Ana Valls, promovió «un sistema para ocultar» estos gastos con cargo a la Faffe y «que no se notaran», asegurando que los dos acusados «inventaron gastos, facturas y anticipos» como fórmula para «compensar» el dinero empleado por Fernando Villén con tarjetas de la Faffe en locales de prostitución, siempre al objeto de «ocultar» los hechos.
El representante del Ministerio Público sostiene que los inculpados se sirvieron de «inexistentes» reposiciones en metálico, evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar, de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la Caja Central de la Faffe, para su posterior inclusión como tales en la contabilidad.
"simulación" de robo
El fiscal, que solicita seis años de cárcel para Fernando Villén y cuatro para Ana Valls, por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público; ha relatado que los acusados incluso «intentaron simular que la tarjeta» de la Faffe había sido extraviada y que «algún desaprensivo» la había usado en tales locales de alterne, extremo que no habría prosperado al ser necesaria una denuncia previa ante la Policía Nacional.
«Parece una película», ha llegado a decir el fiscal Fernando Soto, exponiendo que incluso en una ocasión, el chófer de Fernando Villén llegó a entregar a instancias de este «14.737 euros en metálico en un sobrecito» al responsable del club Don Ángelo, precisamente después de que Ana Valls «firmase dos cheques por 6.300 euros que cobró» en efectivo de la Faffe y de los que «no se ha vuelto a saber».
Ello, merced a los gastos aplicados en una sola noche, la del 22 al 23 de marzo de 2010, con la tarjeta de la Faffe en el club Don Ángelo, el «favorito» de Fernando Villén. «Esos 14.000 euros no los gasta una persona», ha dicho el fiscal Fernando Soto, planteando la interrogante de qué «políticos o miembros de la Faffe» acompañaban a Fernando Villén aquella noche en el mencionado prostíbulo de Sevilla.
Además, ha avisado de que en los registros bancarios «no aparece el dinero de las devoluciones» que según Villén habría acometido tras usar las tarjetas, porque en materia documental no media «ningún recibo o justificación» que pruebe esa tesis. «Se inventaron gastos, facturas y anticipos para buscar algo con lo que compensar» en el plano contable los pagos con la tarjeta de Villén en los prostíbulos, ha asegurado el fiscal Fernando Soto, aludiendo a «falsas» devoluciones en metálico.
Insistiendo en que se trata de un caso de «corrupción» y recordando su deseo expreso de que este juicio fuese tramitado para una vista con jurado popular, el representante del Ministerio Público ha expuesto al jurado que la muestra «más imparcial» de esta tesis es la propia investigación de la Guardia Civil, cuyos agentes revisaron «todos los papeles» de la Faffe, alcanzando estas conclusiones.
LA DEFENSA DESCARTA «FRAUDE»
La defensa de Fernando Villén, el bogado Adolfo Cuéllar, ha admitido que el asunto implica «actos moralmente reprobables» y contiene «un morbo relevante», pero ha alertado de que este «reproche moral tan brutal no es la cuestión jurídica» a dilucidar en este juicio, que no aborda «lo que se hizo o se dejó de hacer» dentro de los prostíbulos a los que acudió su cliente, locales que además son «legales» según ha recordado.
El quid de la cuestión, según la defensa del exdirector de la Faffe, es que el mismo «devolvió en todas las ocasiones» a la Faffe el dinero gastado con sus tarjetas en los prostíbulos, con lo que se trata de una «cuestión eminentemente complicada», tras lo cual ha considerado que el procedimiento del jurado popular «no está hecho para este tipo de casos».
El abogado de Villén ha defendido que su patrocinado devolvió «en todas las ocasiones» a la Faffe el dinero gastado con la tarjeta de la entidad en los prostíbulos que visitó. «La obligación de reposición se cumplió», ha asegurado, lamentando las «conjeturas» de la Guardia Civil al considerar «artificiosas» unas devoluciones que según ha enfatizado fueron reales.
LA DEFENSA NIEGA «FRAUDE»
Especialmente, ha remarcado que los 14.737 euros entregados en mano por el chófer oficial de Villén al responsable del clun Don Ángelo «no salieron de la Faffe», negando que el exdirector haya incurrido en un «fraude» hacia la Administración pública.
Fernando Villén, recordémoslo, figura además como investigado en la pieza de esta macrocausa correspondiente a la contratación en la Faffe del exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, de manera «injusta y arbitraria», de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola «afinidad y vinculación personal y política» entre ambos; siendo además investigado por la «contratación irregular, injusta y arbitraria» del actual concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), el socialista Francisco Camas.
Manuel Salinero, abogado defensor de Ana Valls, ha manifestado de su lado que su cliente no ha percibido «ni un solo euro» del dinero investigado, que no pertenece a ningún partido político y que no tenía «motivación» o «afinidad» alguna para dar «cobertura» desde su puesto a estas prácticas, desligándola así de los hechos y recordando que ella dirigía una «maquinaria» o departamento administrativo de más de 30 personas que se dedicaba a gestionar las finanzas de la entidad.
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