En un comunicado, la Guardia Civil ha explicado que los detenidos contactaban con establecimientos hosteleros de renombre en la provincia, amenazando con cortar el suministro de electricidad si no se hacía efectivo el pago de una supuesta deuda con la compañía suministradora.
La operación se inició en octubre de 2022, cuando la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, recibió una serie de denuncias de empresarios hosteleros, que compartían como patrón de conducta una comunicación vía telefónica, realizada siempre en fin de semana o en vísperas de festivo. Un representante de la compañía suministradora de la electricidad comunicaba una supuesta deuda por impago y que, en caso de no hacer frente a la misma de forma inmediata, la compañía procedería de manera inmediata a la interrupción del suministro.
Las comunicaciones se realizaban siempre durante los fines de semana o en vísperas de festivos, momentos en los que los establecimientos registraban mayor afluencia y resultaba más difícil verificar la veracidad de la información proporcionada.
Así, los responsables de los distintos negocios optaban por realizar los pagos solicitados, unas veces mediante transferencia bancaria a la cuenta facilitada y en otras mediante la comunicación de los datos de la tarjeta de crédito del empresario.
Una vez que el dinero era depositado en las cuentas indicadas, era transferido a cuentas de terceros, generalmente en entidades extranjeras y a nombre de personas interpuestas. Después, a través de plataformas de pago instantáneo telefónico, el dinero era transferido a otras personas interpuestas. Utilizando el clonado de los datos de las tarjetas facilitadas, lograron obtener más de 25.000 euros en efectivo en un corto período de tiempo.
El grupo criminal estaba estructurado en diferentes niveles, de forma que un grupo estaba encargado de recibir el dinero en sus cuentas bancarias, lo que se conoce como «mulas de dinero», otro era responsable de retirar el dinero en efectivo y un tercer grupo estaba al cargo de materializar las estafas y recibir las ganancias.
Los investigadores tienen motivos para creer que este método ha sido utilizado para repetir estafas en numerosos lugares de nuestra geografía. Además, el grupo se dedicaba a realizar compras en tiendas de lujo y grandes almacenes en la famosa Milla de Oro de Madrid, localidad donde tenían su base de operaciones.
La investigación ha permitido la detención de siete personas y un registro en la capital madrileña, mientras que otras dos personas se encuentran bajo investigación. De los detenidos, cuatro son mujeres que formaban parte del grupo encargado de recibir el dinero y dos son hombres que se encargaban de retirar el efectivo y realizar las compras utilizando los datos clonados de las tarjetas facilitadas.
El cabecilla del grupo, junto con otros dos hombres, eran los responsables de contactar con los empresarios para llevar a cabo las estafas. A todos los implicados se les imputan seis delitos de estafa, así como tres en grado de tentativa y pertenencia a grupo criminal.
Desde la Guardia Civil han recordado a empresarios y particulares que el reglamento establece, que las comercializadoras deberán comunicar a los consumidores los impagos de sus facturas desde el primer momento, tras lo cual podrán reclamar fehacientemente el pago por correo certificado, burofax o medio telemático mediante firma electrónica, por lo que estas comunicaciones no se van a realizar vía telefónica, sin previo aviso y debiendo realizar el pago de manera inmediata en el transcurso de una llamada telefónica.
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