En concreto, este lunes la Sala Segunda analizará la admisibilidad de los doce recursos de amparo presentados por la sentencia de los ERE. En un principio, el asunto se incluyó en el Pleno del 22 de mayo, pero finalmente se decidió no abordarlo hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del día 28.
Las fuentes recordaban en este sentido que el TC suele regirse por la norma no escrita de evitar pronunciarse sobre asuntos políticos en el marco de contiendas elecciones.
Tras el anuncio efectuado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio, algunos magistrados pusieron de relieve la necesidad de postergar nuevamente esta deliberación, pero, después de consultar con varios magistrados, se ha optado por mantenerlo.
Cabe recordar que la admisión a trámite no implica manifestarse sobre el fondo del asunto. La magistrada responsable de estas ponencias es la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, en cuyo despacho recayó la primera impugnación, la presentada por la ex ministra socialista Magdalena Álvarez.
Aunque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que la propuesta de admisión o no de los recursos de amparo es competencia de las secciones, en este caso tuvo que elevarse a la Sala Segunda porque no había unanimidad entre los tres magistrados que formaban la sección competente.
Las fuentes precisan que la posición de Montalbán era admitir, pero no contaba con todo el apoyo de la Sección Tercera --integrada por la también magistrada progresista Laura Díez y su compañero conservador César Tolosa--, porque este último se oponía. Ahora, las fuentes apuntan que sí tiene el respaldo mayoritario de la Sala.
La defensa de Griñán ya anunció el pasado julio que solicitaría al TC que le amparara frente a la sentencia de la Audiencia de Sevilla, y las posteriores negativas del Tribunal Supremo a revocarla, que le condenó a 6 años y un día de cárcel por prevaricación y malversación. Su defensa formalizó recurso en abril.
A principios de año, la Audiencia de Sevilla suspendió el ingreso en prisión del ex presidente andaluz para que pudiera completar su tratamiento de radioterapia. El último informe de Medicina Legal señala que el tratamiento oncológico resulta «poco compatible con la vida en prisión» porque requiere «vigilancia estrecha».
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