El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que la Consejería de Fomento «va a analizar el fallo y sus consecuencias» en la región emitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las VTC, pero ha recordado que el decreto de la Junta de Andalucía «tuvo que adaptarse a la regulación que nos impuso, por cierto, sin diálogo, el Gobierno de España».
Así se ha manifestado Sanz preguntado por los periodistas en Torremolinos (Málaga) sobre la sentencia del TJUE que ha declarado ilegal la limitación del número de licencias de servicios de vehículos de transporte con conductor en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) a una por cada 30 permisos a servicios de taxi, al concluir que supone una restricción a la libertad de establecimiento «desproporcionada».
Sanz ha indicado que estudiarán dicha sentencia y que necesitan «tiempo para saber la repercusión que en el ámbito de la normativa autonómica puede corresponder», incidiendo en que, «como siempre, desde el Gobierno de Andalucía respetamos la decisión de la justicia europea».
Al respecto, ha explicado que «aquí hay una normativa estatal de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas que establecía un parámetro, una ratio de 1,30 entre VTC y Taxi como consecuencia de esa ley estatal», la cual «estableció una fecha obligatoria de adaptación a las comunidades autónomas y nosotros no tuvimos más remedio que adaptarla».
«Por lo tanto, en primer lugar, es como consecuencia de una legislación estatal, de una legislación que el Gobierno del señor Pedro Sánchez terminó desarrollando, las comunidades autónomas nos tuvimos que adaptar y ahora hay que ver las consecuencias de la misma», ha incidido el consejero.
Así, ha apuntado que «en todo caso, desde Andalucía siempre vamos a trabajar por ofrecer el mejor servicio público de cara al ciudadano, pero lógicamente tenemos que atender a la repercusión que esta decisión del Tribunal de Justicia Europeo tenga», reiterando que fue «consecuencia de la aplicación obligatoria de una norma que nos impuso sin diálogo el Gobierno de Sánchez».
El consejero ha reiterado que habrá que ver «los efectos de la aplicación, desde cuándo y con qué extensión», pero ha considerado «precipitado, sin conocer todavía la sentencia, poder evaluar qué decisiones vamos a cometer».
Para empezar, ha aseverado, «la propia iniciativa del Gobierno, al ser una normativa estatal, va a ser fundamental para marcar a las comunidades autónomas», esperando que «esta vez, y estoy convencido, habiendo elecciones y un posible cambio de Gobierno, que se haga siempre con diálogo con las comunidades autónomas». «Eso sería lo oportuno», ha apostillado.
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