Dicha manifestación, persigue que se cubra el 100% del capítulo 1 de los presupuestos de personal y que se dé cumplimiento a los acuerdos alcanzados en 2018 sobre el complemento autonómico del Personal Docente Investigador (PDI) y el desarrollo de la carrera horizontal del Personal de Administración y Servicios (PAS), así como el abono de los atrasos correspondientes a estos cinco años.
En sendas notas de prensa, CSIF Educación Andalucía y CCOO exigen a la Administración autonómica que se siente a negociar «tras cinco meses de dilación» después de la convocatoria en enero pasado de las mesas de negociación andaluzas del ámbito universitario, y «después de años de insistencia» desde las organizaciones sindicales.
CSIF añade que una de las principales reivindicaciones es una nueva convocatoria de complementos autonómicos para el PDI, que además de llevar sin convocarse casi cinco años, afectan a los sueldos más precarios de las plantillas, correspondientes al personal de las categorías más bajas.
Asimismo, CSIF reclama el diseño de una carrera para el personal de administración y servicios y el pago completo del quinto tramo una reivindicación económica del referido personal similar a la de los complementos del profesorado. La adecuación del sistema andaluz de universidades a la nueva ley nacional (LOSU), que requiere urgentes medidas negociadas con las universidades y los sindicatos, es otra de las demandas de las organizaciones sindicales.
Por su parte, CCOO agrega que durante todos estos meses las centrales sindicales han asistido a las reuniones "con el talante
más dialogante y colaborador que cabe, aportando ideas buscando puntos de consenso que no han sido correspondidos por la Administración andaluza".
El sindicato apunta, asimismo, que "resulta paradójico, si comparamos la gestión de la Junta de Andalucía en el ámbito
universitario con la de otros sectores de la administración (enseñanza, sanidad, por ejemplo) que, durante los últimos cinco años, la Junta de Andalucía actual no ha alcanzado ningún acuerdo en materia de personal en las universidades públicas de Andalucía. Dicho de otro modo, se les pudiera estar aplicado recortes, teniendo en cuenta la pérdida creciente de poder adquisitivo y el envejecimiento progresivo de las plantillas".
"No quisiéramos tampoco albergar el pensamiento --continúa-- de que, de manera deliberada, se está intentando deteriorar el
sistema público universitario, a la vez que se contempla, cuando no se favorece, el sistema de las universidades privadas, con las que sí se ha acordado su implantación, sin cumplir los requisitos de calidad establecidos por el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio".
En suma, las organizaciones sindicales universitarias CCOO, CSIF y UGT instan al ejecutivo andaluz a que aplique el 1% del PIB andaluz a la financiación de las universidades públicas y «a que retome, sin tardanza, las negociaciones para dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados en 2018 con la aplicación de los atrasos correspondientes a estos cinco últimos años».
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