Los juzgados de Barcelona tienen una lista de espera de unos 6 meses para que un psicólogo evalúe a los menores que son víctima de una agresión sexual, una exploración que es «obligatoria y esencial» para el procedimiento.
Lo ha explicado la jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, en rueda de prensa este jueves para presentar la memoria de 2022 de los juzgados de la ciudad.
Esto implica que los juzgados están tomando «medidas provisionales sin escuchar al menor» ante la imposibilidad de esperar estos seis meses.
Ferrando ha añadido que se ha «conseguido una agenda preferente» para víctimas preescolares y para causas con un investigado en prisión provisional, y en estos casos el tiempo de espera es inferior.
También ronda el medio año la espera para acceder a los puntos de encuentro, donde los progenitores pueden recoger a sus hijos en los casos en que una orden judicial impide que se vean entre ellos, y que también sirven para que visiten a sus hijos aquellos investigados a los que un juez ha ordenado que solo pueden ver al menor bajo supervisión de un técnico.
Menores investigados
Por su parte, las causas en la que un menor está investigado por presuntamente cometer una agresión sexual han registrado un «ligero aumento» entre 2021 (105) y 2022 (139) y han aumentado año tras año, habiéndose duplicado desde 2016 según los datos de la Fiscalía de Menores.
En este sentido, el titular del Juzgado de Menores 2 de Barcelona, Ramón González, ha remarcado que los delitos contra la libertad sexual no son la mayoría en esta jurisdicción sino que «el grueso de procedimientos penales en Menores son delitos contra el patrimonio, como robos con violencia y hurtos, y luego están los delitos de lesiones».
En la jurisdicción de adultos, el año pasado hubo en la ciudad 2.788 delitos contra la libertad sexual, mientras que en 2021 fueron 2.191, y Ferrando ha remarcado que «se aprecia un aumento en los últimos años».
Moratoria de desahucios
El titular del Juzgado de Primera Instancia 30, Roberto Garcia Ceniceros, ha explicado que el año pasado se suspendieron 1.300 lanzamientos por distintos motivos, unos 800 por orden judicial.
Sobre cómo pueden afectar estas suspensiones una vez termine la moratoria de desahucios a finales de junio, ha aclarado que es «difícil» saber cuántos lanzamientos se suspendieron por la moratoria, y ha añadido que en los últimos meses no se han agendado nuevos desahucios precisamente porque a causa de la moratoria no se presentan demandas de desalojo.
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