El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Órgiva (Granada) ha acordado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo (PP), por presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La causa se verá en un Juzgado de lo Penal de Granada y se produce a raíz de una denuncia del que fuera jefe de la Policía Local del municipio, que le acusa de omitir, presuntamente de manera intencionada, la tramitación de expedientes sancionadores por denuncias de tráfico provocando con ello que «caducaran».
En el banquillo de los acusados también se sentará el que era en el momento de los hechos concejal de Hacienda y Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Jiménez Gutiérrez, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, según consta en el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado mayo y al que ha tenido acceso Europa Press. La Fiscalía no ha formulado cargos contra ninguno de los dos por este asunto y ha interesado el sobreseimiento provisional.
Ambos políticos fueron procesados por el juzgado de instrucción a principios de año. En ese auto, consultado por Europa Press, se expone que Eric Escobedo, como alcalde, tiene atribuida la competencia sancionadora en materia de tráfico y seguridad vial y, dentro de sus competencias, está la de iniciar el procedimiento sancionador de las denuncias de tráfico.
El jefe de la Policía Local era el encargado de poner en su conocimiento las denuncias que se interponían para que se iniciara el procedimiento sancionador, así como de notificar las multas a los infractores una vez que la autoridad local se las devolvía firmadas.
El juez instructor entiende que existen indicios de que el alcalde de Lanjarón «omitió» la tramitación de diversos expedientes «provocando la caducidad y archivo de los mismos» con el consiguiente perjuicio a las arcas públicas y supuestamente actuó igual el concejal implicado en la causa cuando tuvo las competencias para resolver estos actos administrativos. Concretamente se trataría de un total de 59 expedientes entre agosto de 2016 y mayo de 2017.
Según recoge el auto, este edil luego «nombró arbitrariamente» a un auxiliar del Ayuntamiento como instructor para la tramitación de denuncias, aunque éste trasladó en un escrito que «no tenía conocimientos para realizar esta actividad y que tampoco poseía la categoría exigida para la misma».
Por su parte, el alcalde de Lanjarón nombró por acuerdo del pleno, el 24 de octubre de 2021, al policía local que imponía las multas como tramitador del procedimiento sancionador «teniendo conocimiento de que dichas circunstancias atentan contra las garantías de imparcialidad y objetividad que debe presidir todo procedimiento administrativo y estando fuera de las competencias del Policía Local denunciante».
Esta acusación particular ha solicitado para el alcalde una pena de dos años y medio de prisión y 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Para el edil de Seguridad Ciudadana ha pedido una condena de dos años de prisión y 15 de inhabilitación.
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