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La fecha límite de presentación de los documentos necesarios para solicitar el 'Bono de Alquiler Joven en la Comunidad Autónoma de Aragón' expiró en octubre de 2022. Desde Comisiones Obreras (CCOO) han señalado que han pasado ocho meses y muchos menores de 18 a 35 años --edad límite para pedir esta ayuda-- continúan esperando este pago.

Esta ayuda para alquileres oscila desde los 250 hasta los 600 euros, o una prestación de 300 euros por habitación en un piso compartido. En una nota de prensa de CCOO, se ha manifestado que esta demora no sólo provoca daños en la economía de los jóvenes afectados, sino que también tiene consecuencias sociales, «al poner obstáculos a su proyecto vital y reducir la confianza de este grupo poblacional en las instituciones, responsables de garantizar el bienestar de los ciudadanos más vulnerables».

Para Comisiones Obreras se ha trata de un retraso continuo que poner en peligro la capacidad de los jóvenes para manejar los costos de la vivienda, lo que los sitúa en una postura vulnerable y más expuesta a una situación de precariedad real.

«La falta del cumplimiento por parte de las autoridades produce sentimientos de frustración entre los jóvenes y la esperanza de obtener la ayuda se abandona, lo que tiene un impacto directo en su bienestar emocional y reduce en parte su confianza en las instituciones» ha asegurado desde el Espacio Joven de CCOO Aragón, Nacho Alastuey.

Bojo joven de alquiler

El bono joven del alquiler tiene como objetivo apoyar a los jóvenes en su acceso a viviendas dignas. Según los últimos datos del Gobierno de Aragón, desde que se puso en marcha esta ayuda la han solicitado 4.000 jóvenes y se han tramitado 1.200.

Desde el sindicato se ha afirmado que retrasar los pagos profundiza la brecha entre generaciones porque los jóvenes se ven obligados a enfrentarse a mayores dificultades independizarse. «Esta desigualdad dificulta el desarrollo y perjudica la igualdad de oportunidades en la sociedad», ha apuntado Alastuey.

También la entidad ha subrayado que el retraso en el pago del bono joven del alquiler tiene un impacto en la cadena económica local. Los jóvenes que no reciben la prestación tienen menos capacidad para gastar en bienes y servicios, lo que implica un impacto negativo en las empresas y comercios locales. Como resultado, han remarcado, una disminución en la actividad económica que puede causar una desaceleración general en la región.

El sindicato ha reclamado soluciones como agilizar estos trámites, así como el proceso de verificación y el pago de las ayudas, garantizando que los jóvenes reciban el bono del alquiler en un plazo «razonable».

También se ha considerado que las autoridades tienen que informar sobre el estado de pago, recomendando canales de comunicación eficientes para responder a la consulta y la sospecha de beneficiarios.

«Es muy importante que las instituciones se comprometan a cumplir con la fecha límite especificada y hacer pagos efectivos. Además, se deben implantar medidas para prevenir futuros retrasos y garantizar la efectividad de los programas de ayuda social», ha concluido la secretaria de Igualdad y Política Social, Sonia García.